NELSON MANRIQUE
Crónica anunciada de un 2015 movido
Martes, 30 de diciembre de 2014
¿Tendrá algún impacto en el 2015
la movilización juvenil contra la Ley Pulpín? Los politólogos tienen opiniones
variadas.
Eduardo Dargent la juzga
importante por el despertar de un sector social relevante y por la pluralidad
de su convocatoria, pero duda de que vaya a tener un impacto significativo en
las elecciones del 2016 debido a su falta de actores y organizaciones políticas
capaces de aglutinar las demandas: “es posible que las divisiones imperen y el
ánimo crítico se quede en la calle, sin cerrar la brecha entre descontento y
representación”.
Carlos Meléndez subraya el
limitado alcance de los grupos organizados, la falta de liderazgos
articuladores y de estrategia: “Sin superar estas limitaciones, es probable que
la protesta ‘antipulpín’ quede solo en el ámbito simbólico y en el anarquismo
más chato”. Martín Tanaka –que hace una semana dedicó una columna a sopesar las
virtudes y defectos de la Ley Pulpín– no menciona la movilización juvenil al
esbozar el escenario político probable del 2015. En la otra esquina Sinesio
López considera que los jóvenes ya han matado la ley con sus movilizaciones.
Ellos –sostiene–tienen claro su
objetivo, coordinan sus estrategias y sus acciones a través de los celulares y
han producido una fractura entre los poderes económico y mediático y los
políticos neoliberales, que necesitan no indisponerse con el voto juvenil.
Espero con entusiasmo la columna de Steve Levitsky.
El éxito de las dos primeras
movilizaciones y la convocatoria a la tercera (nuevamente escribo horas antes
de su realización) han sido respondidos con cortinas de humo, como el show del
ministro Urresti irrumpiendo en la exposición del Movadef. Intentos de dividir
el movimiento dieron lugar a la creación de la Coordinadora Juvenil por el
Trabajo Digno, que agrupa a las juventudes de las centrales sindicales, las
federaciones universitarias y los partidos juveniles progresistas y de
izquierda. La Coordinadora ha convocado a un encuentro nacional de juventudes
para el 10 de enero y una jornada de lucha para el 15. Esto no se lo esperaba Humala,
pero así es el fútbol.
La lucha recién empieza y ninguna
de las partes va a dar marcha atrás. Ahora se sabe que el ministro de Trabajo
no intervino en la elaboración de la ley, aunque ahora cumpla el triste papel
de defenderla después de haber sido olímpicamente puenteado en un tema que
pertenece a su sector. Los artífices de la Ley Pulpín fueron los ministros de
Economía y de la Producción, Segura y Ghezzi, obedeciendo las directivas de los
gremios de los grandes empresarios. La ley es solo un paso dentro de una
estrategia general que tiene como blanco a todos los trabajadores. Se suma a
otras leyes vigentes, promulgadas en su
momento como provisionales, que recortan derechos laborales a los
trabajadores textiles, agrarios, del hogar y empleados de la micro, pequeña y
mediana empresa y que no han servido para formalizar a los afectados. Según
recuerda Javier Mujica, actualmente un 70% de los trabajadores en planilla está
bajo un régimen especial que restringe derechos. Enrique Fernández Maldonado
muestra que no hay crisis que avale las justificaciones que esgrime el
gobierno: del 2004 al 2014 el porcentaje de jóvenes que consiguió empleo subió
20 puntos.
Pero –cito a Humberto Campodónico–
con cifras del INEI entre el 2003 y el 2013 la participación de los salarios en
la distribución del ingreso descendió de 25 a 21% del PBI, mientras que las
ganancias del capital subieron de 59 a 63%. No es que al empresariado le vaya
nada mal, se trata simple y llanamente de pura angurria.
Ollanta Humala afronta hoy una
situación parecida a la que enfrentó Alejandro Toledo cuando decidió persistir
en su política privatizadora desoyendo la protesta popular arequipeña, lo que
desembocó en el “arequipazo”, y luego Alan García, al insistir en su política
anticampesina contra los pobladores amazónicos (el “perro del hortelano”),
desencadenando el ‘baguazo’. Ambos fracasaron a pesar de que no estaban tan
aislados como Humala hoy, cuando lo han abandonado el fujimorismo, el Apra y
las demás fuerzas políticas que inicialmente apoyaron con sus votos la ley de
marras.
El ministro Segura prosigue su
fuga hacia adelante anunciando que tendrá el reglamento de la ley en dos
semanas; claro, sin la participación de los jóvenes supuestamente beneficiados.
Esta, proclama, “es una ley hecha técnicamente”.
Parafraseando la feliz frase de
la campaña de Bill Clinton del 92: “¡Es la política, estúpido!”.
NICOLAS LYNCH
La Ley Pulpín perfora el modelo
Martes, 30 de diciembre de 2014
Nicolás Lynch
Ex ministro de Educación.
Quizá si el efecto más importante
de la masiva resistencia juvenil a la denominada “Ley Pulpín” sea la
perforación que ya ha causado en la frondosa hegemonía ideológica neoliberal.
El argumento principal de esta en la última década ha sido que causa bienestar.
Sin embargo, la reacción de los jóvenes y sus marchas a la Confiep nos señalan
que el modelo en funciones le habrá dado bienestar a un grupo de grandes
empresas pero que no ha brindado trabajo a la mayoría de los peruanos.
Ya en los últimos años no
escuchamos con la misma frecuencia, como a principios del decenio anterior, que
los derechos de los trabajadores son “sobrecostos laborales”. La masiva
informalidad que mantiene el modelo primario exportador, entre 74 y 78% de la
PEA de acuerdo con la fuente que se consulte y el mínimo del 12% de la misma
PEA como trabajo creado con derechos plenos, luego de 25 años de
implementación, nos hace ver que es un fracaso en lo que a creación de
empleo decente o digno se refiere.
Esta situación, sin embargo, no
ha sido óbice para que los empresarios, especialmente los más grandes, sigan
desplegando su influencia para que se flexibilicen las leyes laborales. Esta
norma no es la primera que recorta derechos, los especialistas nos recuerdan
que existen cerca de 40 regímenes especiales, 15 en el sector público y 24 en
el privado. En este último, destacan las leyes con derechos recortados para las
MYPES, la agricultura de exportación y la industria de exportación no
tradicional; sin que en conjunto hayan causado un aumento importante del empleo
en general, ya no hablemos del empleo con derechos.
El nulo efecto de estas leyes en
el aumento del empleo nos hace ver que el verdadero objetivo ha sido la
sobreexplotación de la fuerza de trabajo, es decir, el aumento de las ganancias
empresariales a costa de los trabajadores. Es falso que quitar derechos laborales
aumente el empleo, tal como nos han repetido en estos días; salvo que la medida
vaya acompañada de dictadura política, lo que nos coloca en una perspectiva
autoritaria cuyo riesgo no debemos descartar.
La diferencia hoy día es que el
modelo primario exportador está en crisis y por lo tanto empieza a observarse
una disminución en la circulación de dinero, que es lo que ha dado la ilusión y
las expectativas de consumo en la población. Esta crisis se da por las mismas
razones por las que siempre ha entrado en crisis el modelo a lo largo de
nuestra historia: las crisis en los países capitalistas avanzados, nuestros
mercados tradicionales, que llevan a la baja de precios de los minerales y la
retracción de la inversión. Los del MEF se podrán vestir de seda pero monas se
quedan porque no tienen la llave para afrontar la crisis mundial.
Los jóvenes se niegan a servir de
paliativo para las limitaciones del modelo primario exportador y por eso se
rebelan. El trabajo sin derechos, en la eventualidad de que lo obtengan no les
servirá para integrarse al mercado laboral ni a la sociedad en la que viven,
sino tan solo para ser mercancía barata de usar y botar. La experiencia en sus
pocos años ya los hace ver que se trata de una medida inútil que solo les
traerá, directa o indirectamente, perjuicios en sus vidas.
Que las generaciones más jóvenes
sientan en carne propia el secular desprecio por el trabajo bien pagado en el
Perú es promisorio. Solo el trabajo con derechos es el cimiento para una
sociedad que aspire a la integración y así sea base efectiva para la
democracia. De la fragmentación social, como ya lo empezamos a ver, solo surgen
la corrupción y la economía delictiva como fenómenos casi inevitables por más
policías que se pongan.
Las movilizaciones podrían estar
anunciando que el gobierno de los ricos con el apoyo de los pobres, que se ha
impuesto en estos años, estaría llegando a su fin.
FERNANDO VILLARAN
Los jóvenes necesitan...
Miércoles, 24 de diciembre de 2014
Fernando Villarán
Ex ministro de Trabajo
Las imágenes de los jóvenes
protestando contra la ley de empleo juvenil me ha llenado de entusiasmo y
esperanza.
Creo que lo que la juventud
peruana necesita: primero, empleos de mayor calidad, más sofisticados y mejor
pagados, a través de la diversificación productiva del país. Dos, promoción y
financiamiento (no reembolsable) para la creación de nuevas empresas
(Start-up), sobre todo de alta tecnología, orientada a jóvenes con estudios
superiores.
Tres, apoyo a las Pequeñas y
Medianas empresas (PYME), que son las mayores creadoras de empleo decente en
todo el mundo.
Cuatro, formalización y apoyo a
las microempresas urbanas, la pequeña propiedad agropecuaria, y trabajadores
independientes, con capacitación, transferencia de tecnología, información,
ampliación de mercados. Cinco, la mejor calidad de la educación en todos los
niveles, colegio, institutos tecnológicos y universidades. También, potenciar
programas ya probados, como Jóvenes a la Obra (antes Pro-joven), dirigidos a
jóvenes de bajos ingresos, baja calificación; programas que hoy están sin
recursos.
La juventud no necesita más leyes
inspiradas en la ideología del “libre mercado” que fomentan el capitalismo
salvaje; ideología que está en retirada en muchos países por sus desastrosas
consecuencias. Los del MEF y los legisladores deberían aprender de otros países
que han logrado el mayor empleo juvenil (según la OIT), como por ejemplo
Alemania, Noruega y Japón, porque tienen estructuras productivas
diversificadas, mercados de trabajo flexibles, adecuada regulación laboral y
sindicatos.
DAVID RIVERA
Sobre “cholos” y liderazgos baratos
Martes, 23 de diciembre de 2014
David Rivera
Director de la Revista Poder
Soy de los que dudan de que el
proyecto de ley laboral juvenil vaya a tener el efecto que se ha planteado en
términos de cantidad de trabajadores que se logrará formalizar, pero también de
los que considera que la crítica que se ha lanzado contra la norma está pecando
de vacíos, simplificaciones o apasionamientos que limitan un debate que nos
lleve a algún punto útil.
Comencemos por lo segundo. Uno de
los argumentos para criticar el proyecto de ley es que forma parte de la lógica
del modelo neoliberal establecido en los 90 y del concepto del “cholo barato”.
¿Es así? No dudo de que parte de quienes la apoyan son quienes siguen creyendo
que la clave del éxito está en desregular todo lo que sea posible, que el Estado
debe reducirse a su mínima expresión, que el mercado debe ser el que se
encargue de solucionarlo todo y que es posible alcanzar el desarrollo siendo un
país primario exportador. Bajo esa concepción, acabar con la mayor cantidad de
derechos laborales es un requisito indispensable para asegurar el crecimiento
sostenido.
Pero también hay quienes ya
apartados de la lógica del consenso de Washington y convencidos de la necesidad
de que el Estado cumpla un rol activo en campos como la diversificación
productiva, consideran que parte de la solución al problema de la informalidad
pasa por reducir algunos beneficios laborales de manera temporal, hasta que los
niveles de productividad del trabajador sustenten un mayor acceso a ingresos y
derechos.
¿Por qué es importante esta
distinción? Porque más allá de disquisiciones ideológicas, ayuda a aproximarse
al verdadero objetivo de la norma y a entender si esta apunta a mejorar la
productividad y los derechos laborales en el mediano plazo, o si su objetivo
es, efectivamente, avanzar paulatinamente hacia la desaparición de todo lo que impliquen
derechos que a la vez sean un obstáculo para la acumulación empresarial.
¿En qué espacio político
ideológico ubicamos esta iniciativa del Ejecutivo? Si consideramos otras
medidas que se han ido impulsando, la conclusión sería que la pretensión es
apuntar a mejorar la productividad del trabajo. Esta idea se refuerza con el
énfasis que el mismo proyecto de ley les ha puesto a los incentivos para la
capacitación laboral de los jóvenes. Si además incluimos en el análisis el plan
de diversificación productiva impulsado desde el ministerio de la Producción –y
que ha implicado confrontar ideológicamente a ese sector de la derecha más
conservadora al que hacíamos referencia al inicio–, queda aún más claro hacia
dónde se está queriendo ir.
Finalmente, y no menos
importante, una revisión del libro de los ahora ministros Piero Ghezzi y José
Gallardo, ¿Qué hacer con el Perú?, ayuda a esclarecer cuál es el objetivo de la
norma impulsada desde Produce.
Ahora bien, ¿conseguirá el
proyecto de ley los objetivos que se está planteando? Una mirada a los
resultados de las leyes especiales creadas para las mypes puede llevarnos a
concluir que no. Si a ello le sumamos el hecho de que el problema de la
informalidad en el Perú es más complejo que la mirada que lo reduce todo a los
sobrecostos, podríamos llegar a lo mismo. ¿Qué hacer entonces?
En el mediano y largo plazo la
salida pasa por un proceso de desarrollo productivo, por una apuesta por la
innovación, la ciencia y la tecnología, y por una reforma de la educación,
campos todos en los que se está avanzando en mayor o menor medida –y que
debieron impulsarse en la época de las vacas gordas–. Solo cuando logremos
crear un sistema que incentive la innovación y la generación permanente de
valor agregado, así como una mejora constante de la productividad, podremos
garantizar beneficios laborales y sociales para las mayorías, no para una
minoría.
¿Qué hacer entonces en el corto
plazo? La legislación laboral requiere ajustes que apunten a mejorar la
productividad y a darle mayor capacidad de acción a las empresas siempre y
cuando el objetivo sea avanzar hacia una mejora de los beneficios laborales en
el mediano plazo y que en el corto plazo la Sunafil garantiza el cumplimiento
estricto de las normas que estén vigentes. Además, se requiere una aproximación
al problema que vaya más allá de lo económico empresarial. Si el origen de la
cultura de la informalidad radica en un Estado que ha estado ausente tanto para
hacer cumplir las normas como para hacernos sentir que formamos parte de un
todo que nos beneficia, entonces se necesitan medidas que apunten también ahí.
Un conjunto de reformas de este
tipo requeriría de un pacto político que les dé estabilidad en el tiempo y que
las hagan previsibles tanto para empresarios como para trabajadores. Más que
previsibles, hace tiempo que es urgente que las personas recuperemos la
confianza en que contamos con un Estado y con gobernantes cuya preocupación es
beneficiar a las mayorías y no que reacciona frente a las demandas de un sector
del empresariado o cuando las calles protestan. Pero ya hemos visto la calidad
de los liderazgos políticos que tenemos. Esos sí que son baratos.
EDUARDO DARGENT
Pulpines
Sabado, 27 de diciembre de 2014
Desde la transición la protesta
ciudadana ha sido de baja intensidad en el país. Abundantes conflictos locales,
pero desarticulados. Débil protesta en espacios urbanos. No vimos en el Perú
las movilizaciones de países vecinos. Y no sorprende. La crisis de los ochenta
que atomizó organizaciones sociales, la violencia que golpeó asociaciones y
partidos, así como las reformas de los noventa que redujeron el poder de
sindicatos, limitaron la capacidad de los actores sociales de protestar y de
convertirse en trampolines de nuevas agendas.
Aunque temprano para sacar
conclusiones, algo parece haber cambiado esta semana con las marchas contra la
ley del empleo juvenil. No son movilizaciones masivas, pero sí bastante grandes
y, más interesante, plurales en su convocatoria. Un ánimo crítico que
trasciende a los políticos y llega a quienes se consideran los impulsores y
beneficiarios de la norma: los empresarios. Esa marcha a la Confiep es
simbólicamente poderosa.
Lo paradójico es que la gran
empresa no habría pedido esta norma. Sí, los empresarios demandan una mayor
flexibilización laboral, pero no solicitaron esta medida concreta. La ley se
enmarca en los esfuerzos de diversificación productiva y reactivación
económica. Fue hecha por técnicos que creen en una mayor intervención estatal
buscando que empresas modernas se involucren en la capacitación laboral, no por
los ortodoxos noventeros. ¿Por qué esta explicación no resulta creíble para
quienes protestan?
Una explicación es que se trata
de un grupo de jóvenes ingenuos, desinformados, manipulados, incapaces de ver
que esta norma combate la informalidad y busca el bien común. La explicación
del “joven manipulado” la ha repetido hasta el presidente Humala, el supuesto
gran manipulador de toda protesta del 2006 al 2011. Explicación pulpín.
Otra explicación es que esos
jóvenes de ingenuos no tienen nada, sino que, por el contrario, desconfían de
las reformas, no ven al Estado como un árbitro creíble y están hartos de que
siempre ganen los mismos. Toda su vida han escuchado que la desregulación
implicará más bienestar. Y sin embargo, no observan los cambios prometidos en
su seguridad y estabilidad. ¿La Ley MYPE logró acaso reducir la informalidad y
mejorar la calidad del empleo? ¿Por qué confiar que un Estado débil podrá
implementar la norma? ¿No es lo normal en sus vidas ver cómo se le saca la
vuelta a la ley?
Esta desconfianza se puede
extender a muchas otras reformas aplicadas en las últimas dos décadas que no
tuvieron ni remotamente el impacto prometido por sus impulsores. Y sin embargo
sus defensores (y beneficiarios) son ciegos frente a esta evidencia. Veinte
años de modelo no han logrado enfrentar temas de fondo como la informalidad, el
transporte, la calidad educativa y el respeto a la ley en general. No es gratuito,
entonces, este ánimo ciudadano contra los ganadores de las reformas. Un ánimo
igualitario, crítico, que demanda respuestas distintas.
¿Cuál será el impacto de estas
protestas en el 2016? Los que están en la calle no son pocos y es claro que el
menú político les resulta insuficiente, ya lograron descolocar tanto al
gobierno como a la oposición. Pero otra cosa es que logren afectar sustancialmente
la arena electoral. Si no hay actores y organizaciones políticas capaces de
aglutinar las diversas agendas y posiciones de quienes protestan, es posible
que las divisiones imperen y el ánimo crítico se quede en la calle, sin cerrar
la brecha entre descontento y representación.
SINESIO LOPEZ
La obra de los jóvenes
Jueves, 25 de diciembre de 2014
La ley del empleo juvenil ya
murió: los jóvenes la mataron. El creciente y masivo movimiento juvenil ha
producido un realineamiento de fuerzas políticas que, en su mayoría, se
inclinan por cambiar o derogar la ley aprobada casi por unanimidad en el
Congreso. Esa ley tenía, además, el respaldo sólido de la Confiep y de los
medios concentrados, encargados de forjar una opinión pública favorable que la legitimara.
Pero no contaban con la astucia, el número, la fuerza y los celulares de los
jóvenes.
¿Qué ha desatado la protesta y la
ira de los jóvenes? No es la ignorancia como ingenua o maliciosamente creen
Humala, la tecnocracia neoliberal y algunos comentaristas conservadores. Tampoco es la manipulación de
los políticos oportunistas como repite machaconamente la desubicada y suicida
pareja presidencial. Es la discriminación de la ley de empleo juvenil la que ha
lanzado a los jóvenes a las calles y a la lucha por la igualdad de derechos, de
oportunidades y de condiciones sociales.
En la historia universal, la
lucha por la igualdad ha desatado pasiones más intensas y encendidas que las
luchas por la libertad. Por eso la búsqueda de la igualdad tiene más revoluciones
en su haber que la libertad. Los privilegios son repudiables y son más
irritantes si se presentan cubiertos por el engaño. Para los jóvenes los
privilegiados no son los trabajadores formales como tramposamente sostienen los
neoliberales de todo pelaje, sino la Confiep, los grandes empresarios y la
prensa concentrada en cuyo beneficio se ha dado la ley de marras. Eso explica
la protesta simbólica de los jóvenes frente al local de la Confiep.
¿Por qué los jóvenes han sido
capaces de producir un nuevo realineamiento de fuerzas desfavorable a la ley?
Por un lado, la masiva y desbordante movilización de los jóvenes que tienen el
objetivo claro de echarse abajo la ley que los discrimina, que son capaces de
coordinar sus estrategias y sus acciones, pese a que carecen de organización,
gracias a los celulares que todos poseen. El creciente número de jóvenes
coordinados y movilizados les da poder social con incidencia en lo político,
además de votos para elegir a los políticos. Todo eso les ha permitido producir
una fractura temporal entre los políticos neoliberales y los poderes económico
y mediático.
Por otro lado, los políticos
peruanos de hoy no tienen partidos organizados de los que nazca su poder
político. Son veletas que se dejan arrastrar por los vientos o ventarrones que
vienen del poder económico, del poder mediático, del poder político (del
Estado), del poder social o del poder de los votos. Pero no son solo veletas,
tienen también una cierta iniciativa. Los políticos neoliberales, por ejemplo,
han tomado distancia coyuntural de los poderes fácticos con la intención de
recibir el apoyo del poder social y del poder de los votos de los jóvenes para
ganar el poder político y volver luego a las andadas.
¡Jóvenes a la Obra! proclamó con entusiasmo el buque insignia de la
concentración mediática cuando se publicó la ley y los jóvenes han respondido,
recuperando el sentido contestatario de la frase lapidaria de González Prada,
echándosela abajo.
CARLOS MELENDEZ
Qué podemos hacer con Ghezzi?
En el 2013, Piero Ghezzi y José
Gallardo escribieron ¿Qué se puede hacer con el Perú?, un libro de propuestas
de política económica para sostener el crecimiento. La publicación fue
interpretada como una presentación pública de dos economistas “ministeriables”,
especialmente del primero, quien buscaba reinsertarse en el medio local luego
de años en el exterior. De hecho, poco tiempo después, ambos coautores se
unieron a la tecnocracia de este gobierno y hoy portan fajín.
Algunas versiones indican que la
denominada ‘ley Pulpín’ se originó en Produce, precisamente dirigido por
Ghezzi. Otras señalan que fue en el equipo del MEF, bajo el mando de Alonso
Segura, donde se preparó dicha reforma laboral. Cualquiera fuera el caso, y muy
a pesar de su relevancia, el Ministerio de Trabajo fue ‘bypasseado’ porque se confió
en el tino de los tecnócratas del Ejecutivo que hoy suman una derrota política
más ante la opinión pública. ¿Por qué le cuesta tanto a nuestros jóvenes
valores de la gestión pública concretar sus ‘policies’? ¿Es acaso un problema
de comunicación, como dicen, o de una malvada oposición al gobierno? ¿Qué
podemos hacer con Ghezzi, con Segura, con Gallardo y con el resto de la
tecnocracia ‘Pulpín’?
Segura ha señalado que le
sorprende la irresponsabilidad de los políticos por caer en la demagogia. A mí
me sorprende la inocencia del ministro. ¿Acaso esperaban que la oposición
política haga la chamba que tenía que hacer el Ejecutivo? Supongamos que,
efectivamente, la reforma propuesta es beneficiosa (aunque no encuentro
evidencia empírica que sustente que la flexibilización disminuye la
informalidad), ¿basta con ‘marketear’ volantes para evitar la ‘manipulación’ a
los jóvenes y superar el aislamiento político? Mañana continúo.
Saber perder
Un estadista sabe escuchar las
demandas ciudadanas y, sobre todo, sabe reconocer errores. Dar “marcha atrás”
en reformas (máxime si son puntuales) no significa necesariamente una derrota,
sino una mejor representación política. Por eso, luego de la sostenida
movilización juvenil respecto a la ‘ley Pulpín’ (tres multitudinarias marchas,
una más grande que la anterior), el gobierno de Humala debería derogar esta
norma.
No porque la regulación sea
positiva o negativa para fomentar la formalización laboral juvenil de hecho,
este objetivo debería seguir en las prioridades del Ejecutivo, sino porque la
discusión rebasó hace rato la dimensión técnica y se ha convertido en todo un
símbolo ciudadano de rechazo al modelo del “piloto automático”: soberbia
tecnocrática, presión lobbista-empresarial, reflejos autoritarios de outsiders
sin partidos. La demanda movilizada ya ganó en el terreno simbólico y, por lo
tanto, se requiere una salida política, no tecnocrática.
El Ejecutivo y sus voceros se
equivocan en su insistencia de atacar los argumentos de los jóvenes
movilizados. El efecto es contraproducente: afianza más a la oposición y
agudiza la radicalización de las posiciones. Apelan insensatamente a un
desgaste de la protesta, que, por ahora, goza de buena salud (cada vez mejor
articulada). Las ‘enmiendas’ en la reglamentación no tienen el poder simbólico
de una derogatoria: lo único capaz de calmar la creciente “ola anti-Pulpín”.
Un buen estadista no es solo
quien lleva adelante sus políticas, sino quien sabe perder. Un mejor estadista
es quien convierte la ‘derrota’ en triunfo. En cambio, el estadista fallido es
quien se aísla aún más en su contumacia. ¿Cómo quieren pasar a la historia,
señor presidente y señores ministros?
¿La ola ‘antipulpín’?
Se ha convocado una nueva
movilización contra la ‘ley Pulpín’ para mañana sábado, con el propósito de
aprovechar la inercia movimientista de fin de año. Las dos marchas juveniles
previas han sorprendido por su convocatoria (10 mil manifestantes en época navideña)
y nuevos repertorios de protesta. Las movilizaciones son nocturnas, se expanden
por la ciudad (desde el Centro hasta Miraflores) y por distintos focos de poder
(desde el Congreso hasta la Confiep). El efecto simbólico –para la clase
política y la opinión pública– ha sido potente, pero ¿será posible que este
‘despertar’ juvenil llegue a sostenerse más allá de ánimos coyunturales?
¿Estamos ante el inicio de una ola ‘antipulpín’?
Considero que existen al menos
tres obstáculos a saltar para que este humor colectivo contencioso se convierta
en algo más que en un simple reflejo social. Primero, el alcance de los grupos
organizados (federaciones estudiantiles y partidos, principalmente) sobre los
sectores movilizados es limitado. No hay cómo llegar al afectado directo de la
norma propuesta (los jóvenes informales) para involucrarlos más activamente en
la oposición social. Nuestra sociedad civil, recordemos, no es orgánica, menos
aún entre la informalidad.
Segundo, no existen liderazgos articuladores. Por el contrario, sigue la riña entre izquierdistas y apristas, que divide y no suma. Sin guía cunde el desorden. De hecho, la última marcha fue fragmentaria y sin capacidad de coordinación; de otro modo, el impacto hubiera sido mayor. Así, sin organización ni liderazgo llegamos al tercer obstáculo: la falta de estrategia. Sin superar estas limitaciones, es probable que la protesta ‘antipulpín’ quede solo en el ámbito simbólico y en el anarquismo más chato.
