LA DEMOCRACIA DE LAS MAFIAS
LA REPUBLICA
Jueves, 30 de mayo de 2013 | 4:30 am
Sinesio Lòpez Jimènez
Las recientes elecciones
sanmarquinas para elegir a los miembros de la Asamblea Universitaria y de los
Consejos de Facultad muestran una vez más la deformación y el agotamiento de la
reforma de Córdoba y la necesidad de una nueva ley de reforma universitaria. La
reforma de Córdova postulaba la apertura de la universidad oligárquica a las
clases medias y populares, la participación democrática de los estudiantes en
el gobierno de las universidades o el cogobierno, la implantación de la
docencia libre y la asistencia libre y la autonomía de la Universidad,
entendida como institución de los alumnos, profesores y diplomados.
A
partir de los 60 del siglo pasado la apertura democrática se tradujo en
masificación que conllevó, a su vez, el práctico abandono económico de la
universidad pública por parte del Estado dando lugar a la mediocrización
académica y a la anarquía. La democracia universitaria ha degenerado. Se
mantienen las formalidades democráticas, pero ellas no expresan la voluntad de
la comunidad universitaria sino que constituyen mecanismos perversos para
consolidar el poder de pequeños grupos que asumen comportamientos mafiosos para
mantenerse en él.
El
Comité electoral es nombrado formalmente por la Asamblea universitaria (que ya
era producto de un fraude cometido en la elección anterior (2010) contra la
Facultad de Medicina), pero en realidad es designado por el pequeño grupo que
controla el poder. Su comportamiento es arbitrario y fraudulento con las listas
opositoras y parcializado con las listas oficialistas. El proceso electoral es
injusto e inequitativo. Las listas oficialistas reciben todo el apoyo de las
autoridades universitarias. Estas usan el poder y los recursos de la
universidad para tentar con prebendas, prometer ascensos, ofrecer pequeños
cargos, comprar votos.
El
clientelismo es reforzado con el autoritarismo ejercido contra la oposición de
profesores y estudiantes. Se abren procesos administrativos a los profesores y
se amenaza con el reglamento de sanciones a los estudiantes que protestan. Como
si todo esto fuera poco, la votación no está exenta de fraudes: eliminación de
mesas electorales (2010), violación del debido proceso en la elección de los
profesores principales en la facultad de Ciencias Sociales, por ejemplo.
El
tercio estudiantil no expresa tampoco la voluntad de los estudiantes. La lista
oficialista es organizada por operadores apoyados y financiados por las
autoridades universitarias. Los estudiantes aún no han logrado formar una
organización centralizada que les permita presentar una lista propia y autónoma
que los represente. Eso explica que (en la elección para la asamblea
universitaria) ganen los votos blancos, nulos y viciados con el 60.97% de los
votantes (24,700) y que la lista oficialista “ganadora” sólo obtenga el 28.88%.
Es parecido el resultado en el Consejo Universitario: los votos blancos, nulos
y viciados ganan con el 62.45% y la lista oficialista “ganadora” obtiene sólo
el 28.79% de los votos.
Pese
al proceso electoral injusto y al fraude electoral, la oposición profesoral y
estudiantil obtuvo una alta representación en la Asamblea universitaria y ganó
en casi una decena de facultades. En estos casos las autoridades mafiosas
apelan a triquiñuelas y arbitrariedades para impedir las elecciones de los
decanos y la cúpula universitaria nombra decanos a dedo, ilegales, ilegítimos e
impresentables.
Entre las mafias y el
pensamiento único
LA REPUBLICA
Jueves, 13 de junio de 2013 | 4:30 am
Sinesio Lòpez Jimènez
Si la autonomía
universitaria pudiera personificarse y hablar en medio de la actual confusión
general diría con razón a varios representantes de las universidades públicas y
privadas: No me defiendas compadre. Las mafias de algunas universidades
públicas defienden la autonomía universitaria. Lo mismo hacen algunas
camarillas enquistadas por años, como si fueran imprescindibles, en algunas
universidades asociativas (sin fines de lucro). No se quedan atrás en esa
defensa varias universidades societarias (con fines de lucro), de pésima
calidad e interesadas solo en el negocio educativo. Para bien
de la autonomía universitaria, felizmente han levantado la voz (también para
defenderla) algunas universidades públicas y privadas asociativas (y profesores)
de calidad y de prestigio académico.
Reconozco
que el concepto “autonomía universitaria” ha sido estirado hasta la ambigüedad
y la confusión y el debate ha sido descontextualizado. Discutimos ahora (en un
Estado de derecho al menos normativamente) como si estuviéramos en los años 20
(durante el Estado oligárquico, patrimonial y excluyente). La autonomía
universitaria ¿es absoluta o relativa?, ¿es parcial o es total?, ¿es
respecto de los gobiernos o del Estado unitario?, ¿se basa en una situación
real (como los estados federales) o es una ficción jurídica (como el BCR)?, ¿se
refiere a lo nacional o a lo global?
No
me puedo extender en las respuestas, pero sostengo que la autonomía
universitaria es relativa, parcial, se refiere principalmente a los gobiernos y
es una ficción jurídica. La autonomía universitaria se refiere al libre
desarrollo de las actividades académicas y de investigación, a la libertad de
pensamiento y a la gestión y administración transparente y democrática de
esas actividades. Nada más. ¿Se puede hablar de autonomía económica en
universidades cuyos fondos vienen principalmente del Estado y sobre los cuales
tienen que rendir cuentas? Tengo la impresión que muchas universidades privadas
demandan autonomía para no pagar impuestos. Hay que reconocer que nuestras
universidades están en transición de lo nacional a lo global, que la ciencia y
la tecnología no tienen patria, pero que están obligadas a impulsar un
pensamiento autónomo.
Las
universidades no son espacios virtuales, ellas ocupan un territorio y tienen
autoridades estatales que ejercen jurisdicción sobre él. De eso no pueden
escaparse. En esa medida tienen que ocupar un lugar en el Estado. ¿Cuál es ese
lugar? Sin duda, el espacio educativo.
Eso
no significa que ellas tienen que someterse al Ministerio de Educación
(perdiendo autonomía) sino que tienen que coordinar con él, como lo
señalan algunos proyectos al respecto. Esa coordinación supone dos cosas.
Primero, definir a las universidades como un sistema y segundo, que ellas y los
colegios profesionales (que son su producto) propongan ternas para que el Poder
Legislativo (no el gobierno) elija entre ellas y se forme de ese modo el
Consejo Nacional de Universidades. La ANR (integrada por gente honorable, pero
también por impresentables) debe desaparecer.
El
error fundamental de la Comisión parlamentaria de educación es pretender
liberar a las universidades de las mafias y camarillas a través de los
representantes del pensamiento único neoliberal (MEF y CONFIEP) y del
nombramiento por el gobierno de los integrantes de la llamada Autoridad
Nacional Universitaria. Eso viola doblemente la autonomía. Es, en cambio,
un acierto la elección de las autoridades universitarias mediante el sufragio
universal.
