LA AUTONOMIA
UNIVERSITARIA
12/06/2013 Otra Mirada al Dìa
Por Nicolás Lynch
Vivimos en estos días uno de esos momentos altos en el espasmódico debate
sobre la Universidad Peruana.
Una vez más el intercambio está mal planteado, no se trata de una ANR
heroica que defiende la autonomía universitaria contra un anteproyecto malvado
que busca intervenir las universidades, no.
El asunto de fondo es la monumental crisis por la que atraviesa la
Universidad Peruana, toda, la pública y la privada, por una causa central: el
abandono del Estado. Este abandono ha permitido una hipertrofia del conjunto,
multiplicándose las universidades por quince y los estudiantes por treinta y
respondiéndose a la demanda por educación superior sin proyecto y sin recursos.
Dos han sido los actores en este proceso, los políticos irresponsables que han
creado universidades públicas para mantener contenta a su clientela electoral y
los amantes del negocio rápido que han encontrado en esta actividad un filón
más para hacer plata. El resultado es la tragedia que vivimos, salvo
contadísimas excepciones hoy no se enseña, ni se investiga, ni menos se
proyecta la universidad a la sociedad. Simplemente se vegeta.
La crisis ha sido drásticamente empeorada quince años atrás con el decreto
legislativo de la dictadura de Fujimori y Montesinos sobre la inversión privada
en la educación, que permitió la creación de las universidades-empresa. Nadie
sabe cuántas son: cincuenta, setenta, noventa; pero se han multiplicado con la
velocidad del afán de lucro, introduciendo un nuevo factor a la crisis
comentada, el de la mercantilización de la educación superior. Por algo estaban
prohibidas en el país y lo están en la mayor parte del mundo. Me refiero a la
incompatibilidad entre la creación de conocimientos, función primordial de la
universidad y el objetivo de la ganancia, natural en quien pone una empresa.
Ahora, nos seguimos enfrentando a la necesidad de reformar la Universidad
para que vuelva a servir a sus fines de enseñanza, investigación y proyección
social. En este empeño, un punto primordial es la autonomía universitaria para
que la institución pueda, efectivamente cumplir sus fines antedichos. La
autonomía es tan vieja como la Universidad y está relacionada con la necesidad
de contar con una institución lo suficientemente independiente para que pueda
debatir los problemas, crear conocimiento y opinar sobre el desarrollo de
nuestras sociedades.
Sin embargo, el actual concepto de autonomía data de la reforma de Córdoba
de 1918 y se entiende como autonomía frente al Estado Oligárquico que
impedía el desarrollo de la Universidad. A esta realidad corresponde la
Asamblea Nacional de Rectores (ANR), organismo coordinador que es más
representante de un colegiado que una autoridad del sistema. La realidad de la
reforma de Córdoba ya no existe más y la Universidad ya no está,
necesariamente, confrontada con el Estado, sino que debería buscar ser parte de
la construcción de una sociedad democrática. Por lo tanto, su autonomía no
puede significar autarquía. Esto último ha permitido, en especial por el
deterioro de los últimos años, que en las universidades públicas se desarrollen
mafias expertas en usufructuar las pobrezas universitarias y que en las
privadas proliferen las “universidades garajes” con carreras de “tiza y
pizarra” para esquilmar la ingenuidad de la creciente demanda por educación
superior. La ANR ha fracasado en cualquier empeño de poner orden en este
concierto.
De allí que en el debate de los últimos años se desarrollara la idea de un
organismo supra universitario, por encima de las universidades individuales
pero como parte del conjunto, que se constituyera como autoridad del sistema.
Así, con otros académicos hemos planteado en muchas oportunidades la necesidad
de un Consejo Nacional Universitario, que surgiera como propuesta de las
universidades más antiguas y los colegios profesionales, para ser ratificado
por el Congreso de la República. De manera tal que tuviera un origen
universitario y profesional y contara con una ratificación democrática. Este
Consejo debería cumplir con las funciones de la coordinación, autorización de
funcionamiento y evaluación universitarios. En resumen, un organismo que
pudiera dar la calidad que las universidades individuales, desafortunadamente,
no se pueden dar.
El error del actual anteproyecto en discusión es el origen y la composición
de lo que llama “autoridad nacional universitaria”. Primero, señala que esta
autoridad debe ser nombrada por el Poder Ejecutivo, soslayando al Congreso de
la República que es el órgano deliberativo más importante. Y segundo, pone en
la composición a delegados de la CONFIEP, el MEF y el Ministerio de Educación.
Es decir, desnaturaliza la propuesta anterior dándole un carácter privatista y
autoritario, porque de esta manera difícilmente se podrá conducir a la
Universidad Peruana por un camino distinto al modelo económico dominante o al que
tenga el gobierno de turno. En este sentido, tienen razón los críticos cuando
dicen que atenta contra la autonomía universitaria, porque deja el ámbito
propio de la universidad para introducir intereses ajenos al quehacer
académico, como son los del dinero y el poder político.
Hay necesidad de una nueva ley universitaria que acometa la tarea de la
reforma en los tiempos actuales. Hay necesidad también de una autoridad del
sistema universitario, pero que sea universitaria, sin injerencia –más allá de
la ratificación democrática del Congreso- de poderes externos a la universidad
que quieren terminar de devorarla para avanzar sus fines subalternos.
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Lynch
cuestiona a Mora por plantear que Ejecutivo nombre a los de Superintendencia
Universitaria
17-06-2013
Ideeleradio.pe | Lima - Perú | 1 Comentarios
Exministro sostuvo que la norma
violaría la autonomía universitaria.
ANR es un
sindicato de rectores que se mira el ombligo
Ideeleradio.- El
congresista Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación, se equivoca al
proponer que sea el Ejecutivo quien nombre a los miembros de la
Superintendencia Nacional Universitaria porque se viola la autonomía
universitaria, afirmó el exembajador Nicolás Lynch Gamero.
“Esta ley [universitaria] en buena
medida atiende estos problemas en cuanto a estructura académica, a la
investigación, al gobierno de universidad, la hace más ágil y democrática. Sin
embargo, tiene un grave problema que es esta instancia suprauniversitaria, que
se ha creado para crear, cerrar, evaluar y ser última instancia contenciosa
administrativa por encima de las universidades”, explicó en el programa No
Hay Derecho de Ideeleradio.
“Digo que es un problema y no por la
existencia de una entidad suprauniversitaria, porque ya la considerábamos y no
se le ha ocurrido a Daniel Mora. Señalamos que la Asamblea de Rectores no
funciona, que es un sindicato de rectores que se mira el ombligo, y hay
necesidad de una instancia, pero que surja de la universidad. Mora quiere que
nombre el Poder Ejecutivo, ahí sí se equivoca, eso es lo que viola la autonomía
universitaria. Ahora en el caso que se aprobara cada gobierno tendría su propia
superintendencia. Se viola por todas partes la autonomía”, aseveró.
Hay un falso debate en torno a ley
universitaria
No obstante, consideró que hay un
falso debate en torno a la ley universitaria porque no se trata de una Asamblea
Nacional de Rectores que defiende la autonomía y de una malvada Comisión de
Educación del Congreso de la República que la ataque.
“Ese no es el debate. Además, no es
tampoco de los últimos tiempos, diría yo que en la última década y más se ha
dado un debate importante sobre la necesidad de cambiar la universidad peruana,
donde la ley es un punto de partida. Lo hicimos Javier Sota [Nadal] y yo como
ministros de Educación que formamos comisiones que hicieron sendos diagnósticos
sobre la realidad universitaria”, opinó.
“Redacté un anteproyecto de ley
universitaria, el anterior a este, del cual este proyecto presentado por el
congresista Mora recoge como un 70% aproximadamente. Se planteaba que las
privadas más antiguas, las públicas más antiguas, y los colegios profesionales
presentaran ternas al Congreso de la República que se escogiera y el Poder
Ejecutivo uno. Entonces teníamos siete, y un consejo que surgiera de la
universidad iba a tener la legitimidad para hacerle seguimiento y evaluarla”,
subrayó.
