LA POBRETOLOGIA EN EL PERU

Infodiario Nº 380   15/05/2014    www.otramirada.pe La miseria de los pobretólogos Por Nicolás Lynch En las últimas semanas hemos observado un debate entre políticos y expertos sobre las últimas cifras de pobreza que ha publicado el INEI y que supuestamente nos colocarían en el mejor de los mundos. Para tanto ha dado el asunto que hasta un ex presidente nos ha dicho que ahora lo están haciendo bien pero que él antes lo hizo mejor. Esta feria de vanidades se basa, sin embargo, en una falacia: a mayor crecimiento, menor pobreza y más bienestar de la población. Sostengo que eso es falso. Primero, sobre el método para medir la pobreza. El INEI aplica el método de la pobreza monetaria; es decir, todo aquel que gana más de 292 soles al mes no es pobre, una cantidad sensiblemente retrasada frente a la realidad actual. Eso les da el 23% de pobres que actualmente tendríamos en el país, muy distante ciertamente del 54% que teníamos una década atrás. Pero basta con salir a la calle en cualquier ciudad del Perú para darse cuenta que mucho más de una cuarta parte de la población se encuentra en situación de pobreza. Además, no hay que olvidarnos que cuando García asumió como Presidente el 2006 despidió al jefe del INEI, empezó una persecución judicial contra el mismo y la siguiente jefatura de ese instituto cambió la forma de calcular a los pobres. ¿No habrá tenido eso que ver con la brusca baja del porcentaje de pobreza durante su gobierno? Segundo, existe otro método para calcular la pobreza que es el de las necesidades básicas insatisfechas, según la mayor parte de los expertos más cercano a la realidad que el anterior. Por este método para el 2013 la pobreza está en el 36% y no en 23%, 13 puntos más que la medida del INEI. Pero claro, la exactitud socio-económica está gravemente reñida con las necesidades de la propaganda política. Sin embargo, más allá de los métodos, ¿mide el porcentaje de pobres el bienestar de la población? El Banco Mundial (BM), inventor de la falacia, dice que sí, pero la mayor parte de las ciencias sociales que se ocupan del tema señalan lo contrario. La pobreza para el BM no es una categoría relacional sino aislada, no forma parte de una estructura donde hay agrupamientos sociales, llámense estos estamentos o clases. Es simplemente un grupo con carencias que hay que reducir. Pero lo que nos indica la academia es algo distinto, las carencias existen por la ubicación de los individuos en un sistema no por su condición aislada. El bienestar, por lo tanto, está en relación directa al mejoramiento relativo de su posición en el sistema social; es decir, no sólo por lo que ellos tienen (o no tienen) sino también por lo que tienen otros. Por ello, se considera a la desigualdad social como la categoría que nos permite acercarnos con mayor exactitud a medir el bienestar. Sin embargo, en este punto, nos hallamos en una situación deplorable. Si tomamos el índice gini ­-medida de la desigualdad- en su versión corregida, tenemos un gini aproximado de 0.6. Uno de los índices de desigualdad más altos de América Latina. Esto no es una sorpresa si tomamos la cantidad de trabajo informal, cercano al 70% de la PEA y el escaso trabajo decente, que llega solo al 12% de la PEA. Una década de crecimiento con un promedio cercano al 7% que produce esta desigualdad, poquísimo empleo decente y enorme informalidad ¿puede ser calificado de bienestar? Ciertamente que no. La razón fundamental para que la disminución de la pobreza no pueda ser calificada como bienestar es que esta no produce por si sola integración social. La integración social la produce la multiplicación del trabajo con derechos. El ejemplo más claro de esto es la actual ola de violencia criminal en la costa norte del Perú. Ya aparecieron los expertos que dicen que el crecimiento suele traer este tipo de crimen siempre. No señores, no siempre. El crecimiento asociado al capitalismo salvaje es el que más promueve la violencia criminal, justamente porque no brinda ninguna estabilidad en el empleo. Por ello decimos que a mayor crecimiento y menor pobreza no hay necesariamente mayor bienestar, porque no se multiplica el trabajo decente ni se erosiona la desigualdad. Para que tengamos mayor bienestar hay que multiplicar el trabajo con derechos y de esa forma bajar nuestro índice de desigualdad, que no solo afecta la economía sino también la representación política. Recordemos lo que nos dijo el Presidente Lula cuando estuvo hace unos meses de visita en nuestro país: la gran política social de sus ocho años de gobierno fue crear 20 millones de puestos de trabajo decente, logro incomparable en la historia de Brasil y ejemplo para América Latina.

ESTADO Y UNIVERSIDAD

El rol del Estado frente a la universidad

Publicado en LA REPUBLICA: Domingo, 18 de mayo de 2014 

Salomón Lerner Febres

En las últimas décadas se ha pretendido soslayar el papel que debe cumplir el Estado en la educación superior universitaria. El severo descuido que ha tenido la universidad pública ha pretendido ser compensado por el aliento a la creación de universidades privadas, entendidas muchas de ellas como organizaciones promotoras de inversiones económicas rentables. Hoy constatamos aquello que temíamos sucediera: se han multiplicado las instituciones que otorgan grados académicos y títulos profesionales (ya tenemos 130 universidades en el Perú) que de una parte han obtenido apreciables utilidades pero que, de otro lado, no deben sentirse muy orgullosas de la formación que han brindado a muchos jóvenes que, de pronto, hubieran invertido mejor su dinero y tiempo. Y es que en verdad el pensar que la actuación privada supliría, por sí sola, las falencias de la política estatal en la formación universitaria constituye un serio error conceptual. Se olvida que la educación es un derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales sobre la materia. Siendo un derecho de todas las personas el acceso a la educación, en todos sus grados, esta se convierte en un bien público que debe ser ofrecido prioritariamente por el Estado. Derecho a la educación; educación como bien público; necesario compromiso del Estado para educar a los ciudadanos: todo ello nos ayuda a entender por qué la legislación universitaria debería establecer un sistema nacional de universidades que cuente con un ente rector y regulador de su funcionamiento que señale las reglas adecuadas para la elección de las autoridades académicas de las universidades, que precise y fortalezca el régimen económico de la universidad pública, y proponga los mecanismos que, desde el Estado, han de entregarse para incentivar las actividades académicas de la docencia y la investigación. Algunos de estos aspectos han sido abordados por la ley universitaria actualmente en discusión en el Congreso de la República. Por supuesto, no faltarán las críticas a este punto de vista. Desde una perspectiva que reduce la intervención estatal a casos extremos, cualquier tipo de regulación suele ser acusada de una vulneración de las libertades básicas de la persona. Esta postura en algunos medios ha pretendido equiparar la normativa propuesta en el proyecto de ley universitaria –en particular, la creación de un Consejo Nacional de Universidades– con un modo de intrusión parecida a la realizada por el general Juan Velasco Alvarado en varios sectores de la economía y la sociedad entre 1968 y 1975. Nos encontramos lejanos de defender a quienes propugnan un intervencionismo estatal parecido al establecido tanto por Velasco Alvarado –un gobierno de facto cuyo autoritarismo explica el pobre resultado de sus pretendidas reformas– y también tomamos distancia de las políticas que sobre el tema se acordaron en el primer gobierno del ex presidente Alan García, pues, ciertamente, ellas pusieron en peligro la sustentabilidad económica del país y contribuyeron a la crisis que vive la universidad hasta el día de hoy. Asimismo queremos dejar en claro que tomamos distancia de aquella postura que se reclama indebidamente del liberalismo bien entendido y que, deformándolo, lo reduce al ámbito de la economía concebida esta como única –o en todo caso prioritaria– dimensión de la existencia humana, dimensión en la que sociedad es sinónimo de mercado, ciudadano equivale a ser cliente y, en esa misma línea, la educación es un “producto” que se halla a cargo de “proveedores” que la entregan a “clientes” (entiéndase los alumnos) a cambio de un pago monetario previamente acordado. Todo eso asegurado en su moralidad por la acción –“imparcial y equitativa”– de una mano invisible que todo lo regula, reflejando en verdad que la oferta, la demanda, la competitividad y la rentabilidad se han convertido en los conceptos y valores supremos. Dicho lo anterior, reconocer que la educación es un derecho y bien público no supone, por cierto, desconocer la importante labor de las universidades privadas, sino que, como lo considera nuestro texto constitucional, se debe rescatar la función promotora y reguladora del Estado en la educación superior universitaria. Funciones que no deben ser entendidas como una vulneración hecha a la libertad sino, en sentido estricto, como un importante aliciente al funcionamiento de entidades que se constituyen, fundamentalmente, en los ámbitos de la libertad creativa e intelectual. Por ello, antes que una sobrerregulación que las asfixie o una ausencia normativa que las convierta en feudos autárquicos y sin conexión con la realidad social, las universidades requieren un adecuado marco legal para su funcionamiento. Esa es una tarea a la que el Estado no puede ni debe renunciar.

JOSE MUJICA, PRESIDENTE DE URUGUAY, Y SU CRITICA AL DESARROLLO

José Mujica: “Nada vale más que la moneda de la vida”

Publicado en: http://www.oei.es/noticias/spip.php?article13956 El Sexto simposio internacional “El nuevo paradigma ambiental y económico, en el marco regional de las políticas ambientales y de los recursos naturales”, organizado por el Centro Latinoamericano de Desarrollo (CELADE), reunió al Presidente de la República, José Mujica, especialistas, políticos, académicos y ambientalistas, que reflexionaron en torno a la optimización de recursos para vivir en un mundo más sustentable. El encuentro, que se realizó en el Salón Azul de la Intendencia Departamental de Montevideo, contó con la conformación de dos paneles que abordaron temas tales como el poder del agua y la energía, dimensiones y perspectivas; y el desafío del cambio climático y su impacto en la economía y desarrollo. La apertura al simposio estuvo encabezada por el Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica; el Presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla; el Presidente de OSE, Milton Machado; el Presidente de CELADE, Mario Marenco Sosa; el Director de Desarrollo Económico e Integración Regional de la Intendencia Departamental de Montevideo, Luis Polakof; el Presidente de Petrobras-Uruguay, Carlos Alberto Da Costa; la Embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso; y el Director de la Oficina de la OEI-Mercosur en el Uruguay, Ignacio Hernaiz.  El Presidente de la República Oriental del Uruguay, José Mujica, dio su visión acerca del sistema que rige al mundo en la actualidad: “hoy como valor sustantivo de esta civilización hemos desatado la acumulación, el afán de enriquecernos, el afán de acumular, y no nos podemos detener y estamos prisioneros en una gigantesca telaraña. Todos creemos que tiene que crecer la economía y el PBI y entonces hay que inventar desesperadamente cosas nuevas para vender y excitar la sensación de triunfo de la gente”. Mujica afirmó que los seres humanos agredimos este planeta y se preguntó si esto es porque no lo valoramos, a lo que respondió que “nuestra civilización es de use y tire. Es la civilización del despilfarro. Los límites del planeta nos están obligando a pensarnos como especie por encima del pensamiento como país. Se han acumulado problemas de carácter planetario y no existe una agenda que se haga cargo de la gobernabilidad del mundo”. El mandatario apeló a la solidaridad global, poniendo como ejemplo a los niños sirios refugiados a los que deberíamos alojar en otros países en lugar de tan solo enviarles alimentos. “La política comienza en el camino de la sensibilidad. Nunca tuvo tantas herramientas el mundo, pero van cuarenta años que discutimos el poner un pequeño impuesto a las transacciones financieras y ni se puede hablar de ponerle un tope a la acumulación de la riqueza”, enfatizó. Por último, valoró que “el primer factor del paisaje que hay que cuidar arriba de la tierra son los hombres y las mujeres. Tengo que ser solidario con el resto de las cosas vivas, porque es imposible vivir sin ellas. Tenemos una gigantesca responsabilidad para que las nuevas generaciones tengan la capacidad de ver y que la frivolidad de estos tiempos no los sumerja definitivamente en un idiotismo colectivo, funcional a la sociedad de comprar y tirar. No tiramos cosas, lo que tiramos atrás de las cosas es tiempo humano, vida humana que se fue en la construcción de esas cosas y nada vale más que la moneda de la vida”. Por su parte, el Director de la Oficina de la OEI-Mercosur en el Uruguay, Ignacio Hernaiz, celebró que este simposio se realizara e informó que la OEI sigue trabajando “con entusiasmo y compromiso con la educación del Uruguay y de los países de Iberoamérica, y todos los temas que implican transformaciones en la sociedad, tales como nuevos paradigmas ambientales o económicos, están en consonancia con el trabajo que llevamos adelante”. Hernaiz hizo referencia al programa Luces para Aprender Uruguay, que con el apoyo de UTE, Monte Elecnor, Ministerio de Educación y Cultura y del Plan Ceibal, es un programa que está llevando energía a las escuelas alejadas del campo. “En este sentido, se trata de un programa en el cual los paneles solares representan todo el poderío de las energías alternativas y de la posibilidad de acceso a la conectividad. Hay que resaltar que estas iniciativas educativas son la plena aplicación de nuestro compromiso con los derechos humanos, con el derecho a la educación, al acceso a la cultura, a la alfabetización digital y con el derecho a que las comunidades estén interconectadas”, subrayó. Para el Director, la construcción de la ciudadanía pasa por el conjunto de todas las iniciativas impulsadas por la cooperación internacional, y por los esfuerzos de las políticas públicas que se desarrollan en Uruguay y en Iberoamérica. “Quizá el 29 de mayo cuando la escuela N° 77 en Tapes, del departamento de Lavalleja, sea inaugurada luego de haberla dotado de energía, por el Presidente Mujica, el Secretario General de la OEI el Ministro del MEC, el Presidente de UTE, y el Presidente del CODICEN, sepamos que el trabajo de toda la sociedad permite dar pasos en la ampliación de derechos y en la plena vigencia de los derechos humanos en nuestra región”, concluyó. 7 de mayo de 2014

PARA ENTENDER LOS PROBLEMAS DE LA CIUDAD HOY

LA CIUDAD NEOLIBERAL COMO ESPACIO PARA LA EXCLUSIÓN SOCIAL, LA ACUMULACIÓN Y LA GANANCIA

GRUPO DE ESTUDIO SOCIALISMO EN AMÉRICA LATINA Y CÍRCULOS SOCIALISTAS DE ANTIOQUIA

La ciudad es la obra más compleja y maravillosa de la humanidad, y sin duda, la más colectiva de todas. A pesar de todas las transformaciones que a través de la historia se han producido, sigue siendo, tal como lo concebía el mundo clásico, el espacio privilegiado de la convivencia, el intercambio cultural y político, el arte, la ciencia y la filosofía. Por lo tanto es también, el escenario más caracterizado y más complejo del conflicto social. Cada revolución pone en escena una ciudad distinta, pues ella es la sede del poder y de las instituciones, una especie de "joya de la corona" para todas las sociedades en todas las épocas.

Las ciudades igualmente sufren y expresan los conflictos cuando estos se tornan violentos: unas veces sitiadas, otras veces devastadas, saqueadas o bombardeadas, destruidas y reconstruidas, nunca dejan de ser una resultante del quehacer humano, y hasta sus cicatrices se convierten en monumentos históricos que pueden ser vistos por turistas y visitantes. La ciudad es huella histórica, pero no cualquiera, puesto que guarda la autoestima y la cultura de los pueblos como un legado para todas las generaciones futuras.

Las ciudades son historias acumuladas y conflictos sintetizados. Cada una es por tanto particular como territorio disputado por sus pobladores y también por los intereses que están más allá de ellos, que operan desde las regiones, los estados nacionales y los poderes mundiales. Cada ciudad es una unidad, pero contradictoria, multifacética y compleja; alberga el conflicto, las expresiones culturales, étnicas, artísticas, las formas económicas y las instituciones políticas. Es escenario privilegiado de la lucha de clases bajo unas condiciones territoriales establecidas y un desarrollo tecnológico determinado.

CIUDAD Y CAPITALISMO

El capitalismo ha plasmado en el desarrollo de las ciudades unas características históricas propias. Desde que la urbanización se hizo subsidiaria del desarrollo industrial, la sensación de caos ha acompañado siempre la percepción de la ciudad, que empezó a extenderse desordenadamente siguiendo la huella de las fábricas y amontonando sectores proletarios lejos de los centros cívico-comerciales, nucleados como insumos económicos alrededor de las unidades productivas. Desde entonces "urbanizar" fue un verbo gustoso para los capitales que se asociaron alrededor de la construcción de vivienda, disparando hacia las periferias rurales el tejido constructivo precario que reduce a las clases pobres a meras "habitantes" de suburbio. Las relaciones entre lo urbano y lo rural se hicieron complejas, los límites entre lo uno y lo otro se hicieron difusos, los usos del suelo se trastocaron y las clases subalternas empezaron una confrontación primero sorda y después explícita por acceder a la ciudad y rechazar una urbanización que los reducía a habitantes de una "ciudad dormitorio".

Cuando irrumpe la industrialización, el concepto de ciudad se hace problemático. La extensión del tejido constructivo y su penetración desordenada en las áreas rurales, pronto generó en los trabajadores una conciencia de marginamiento respecto a la ciudad, es decir, respecto a la obra construida por generaciones enteras, de la cual estaban siendo apartados por la autoridad establecida en favor de la eficiencia productiva, por un lado, y de la valorización simbólica de un patrimonio centralizado, por el otro. En otras palabras, en tanto insumo productivo, la fuerza de trabajo debía estar concentrada alrededor de las fábricas, y estas, en la periferia cercana para tener fácil acceso a los recursos provenientes de la naturaleza, como el agua y la energía.

Mientras el capital más avanzaba en la urbanización, la segregación y precarización de los pobres iba en aumento. Mientras más distantes estuvieran estos, las élites más se apropiaban del centro tradicional y lo saturaban de relatos sobre su propia pujanza y su capacidad de emprendimiento. Hacían de los centros cívico-comerciales sus propios espejos y les negaron todo protagonismo en la construcción de ciudad a los sectores previamente excluidos.

Así, bajo la consigna de "urbanizar", que ideológicamente asociaba con "civilizar", el capitalismo puso a las clases trabajadoras lejos de los centros de las ciudades, despojándolas de los beneficios de la vida propiamente urbana y de su dotación material. Es decir, las élites se reservaron la ciudad para ellas y les dejaron a los desposeídos la urbanización, las urbanizaciones. Pero la burguesía continuó y continúa utilizando un discurso falsamente incluyente: nunca ha reconocido que margina de la ciudad a los sectores populares, que la privatiza, que la niega a los trabajadores. Al contrario: mediante el instrumento técnico de los "perímetros urbanos", mantiene que la ciudad es una comunidad unida e integrada social y económicamente.

Al desarrollar la urbanización y profundizar la segregación, el capitalismo se puso de espaldas a la construcción de ciudad. Renunció al proyecto cultural integrador y desarrolló los relatos ideologizados de la explotación de ventajas comparativas, la competitividad, el empresarismo y la innovación. Luego de los capitales industriales, fundamentalmente aplicados a la construcción de vivienda, fueron los financieros los que tomaron la delantera, orientándose no solo a la construcción sino además a la destrucción de sectores enteros de las urbes, con el fin de abrir espacio a nuevas inversiones y nuevas utilidades especulativas. Se desata así la esquizofrenia de la renovación urbana, la planeación y la valorización, las nuevas estrategias de acumulación de riqueza y segregación de los excluidos.

La ciudad pues, no es la urbanización, así el perímetro urbano confunda ambos elementos. Es fundamentalmente un conjunto complejo de relaciones sociales dadas en un territorio y espacio físico más o menos delimitado, el cual genera unas actitudes y unos comportamientos culturales particulares. La cultura urbana es una práctica social que privilegia el valor de uso de la ciudad, en oposición a la concepción capitalista que solo le da valor de cambio. Estos dos conceptos, valor de uso opuesto a valor de cambio, son la piedra de toque que diferencia el relato capitalista del relato anticapitalista sobre la ciudad. Valor de uso o valor de cambio, patrimonio para la vida digna, la cultura, la convivencia, la política y la lúdica, o plataforma de negocios y ganancia para unos cuantos privilegiados; estos son los contornos del conflicto de clase que se alberga en las prácticas urbanas y en la tramitación de sus conflictos. El capitalismo es cada vez más urbanizador, mas inversionista y más orientado a la ganancia. La mayoría de la sociedad en cambio, reivindica y construye ciudad al reclamar lo urbano como derecho y como espacio para la cultura, la política, el arte, la convivencia y el disfrute.

CIUDAD Y NEOLIBERALISMO

Durante las últimas décadas del siglo pasado, el aparato productivo del capital sufrió transformaciones drásticas en el marco de una revolución tecnológica que aún continúa su marcha. Las grandes plantas industriales se disolvieron o se reconvirtieron, expulsando inmensos volúmenes de fuerza laboral. Los índices de urbanización crecieron tanto, que el mundo académico debió incorporar semánticas nuevas para nombrarlos: metrópolis, ciudades región, megalópolis, conurbaciones. El capital financiero asume ahora la conducción urbanística en todos los países, utiliza el aparato estatal como un simple ejecutor de sus designios y conveniencias, convierte el sector de la construcción en el seguro y preferido destino de sus capitales. Esta es la razón por la cual el sector de la construcción ocupa el primer renglón de las economías de Latinoamérica, incluyendo por supuesto a Colombia, a despecho de los grandes déficits en vivienda, en saneamiento básico, en vías. Al capital no le interesa para nada solucionar problemas sociales, le interesa sobre todo la acumulación y la ganancia.

Las ciudades, especialmente del tercer mundo, fueron invadidas por actividades informales de "rebusque" que crecen más allá del límite de la legalidad. En estas condiciones de desempleo, informalidad y precarización laboral, de altos precios de la construcción y la infraestructura, la urbanización igualmente baja sus estándares de calidad y hace más duras las condiciones de vida para los habitantes desplazados a las periferias. El neoliberalismo impone a las ciudades sus políticas territoriales, basadas en la explotación de ventajas comparativas, calificando a aquellas localidades que no las tengan como "no viables". El resultado inmediato es que las ciudades mal dotadas de infraestructuras de comunicaciones o débilmente conectadas con las redes del comercio globalizado, salen del juego económico, y aquellas que son puertos o poseen instalaciones modernas para el comercio internacional, reciben el grueso de las inversiones y las migraciones de población. El neoliberalismo provoca un trastocamiento de la organización territorial y de las jerarquías urbanas al interior y hacia el exterior de los países.

En las ciudades sometidas al designio neoliberal, lo no viable pasa a ser todo aquello que no esté o no se pueda integrar en forma expedita a las grandes redes de mercado que trascienden lo local. Las leyes del mercado se convierten en política pública urbana que endurece la discriminación y la hace más odiosa para millones de pobres a los que solo se reconocen como "habitantes". Los capitales financieros e inmobiliarios, al comando del estado, se convierten en los máximos gestores urbanísticos encargados de ordenar el espacio para los grandes negocios e inversiones, en una espiral de valorización del capital que jamás puede dejar de crecer. Los bancos, las firmas constructoras y los promotores inmobiliarios bajo la protección del estado y la bandera de la "renovación urbana", expropian a los habitantes originarios las zonas urbanas requeridas para sus inversiones, utilizando formalidades legales que a duras penas guardan las apariencias, construyendo, destruyendo y volviendo a construir, en un círculo viciosoespeculativo que nunca termina.

En la explotación de ventajas comparativas, el capital anda en la búsqueda de rentas de monopolio, que extrae en tanto explota los patrimonios ambientales y culturales que los pobladores urbanos han logrado acumular. De esta manera, las expresiones folclóricas, las tradiciones históricas, los imaginarios populares, las exclusividades productivas y la amabilidad de las gentes, son convertidas en marca por los empresarios privados del turismo y los negocios para generar beneficios inmensos que no gotean hacia las clases populares que los han producido. En pocos terrenos es tan evidente la paradoja de la producción social y la apropiación individual de la riqueza.

Las estrategias de los capitales dominantes para moldear las ciudades según sus intereses son ya bien conocidas: los mecanismos de avalúo predial y de valorización, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) que fijan limites urbanos y rurales, zonas, usos y estratificación barrial, los planes parciales de renovación urbana, etc.; todos estos mecanismos tienden a favorecer la inversión inmobiliaria y la obtención de inmensas ganancias, así el costo social sea el desplazamiento forzado de los pobladores sin capacidad de pago, la entrega de los mejores sectores de ciudad a los privados, los más pudientes y los grandes negocios. Todos estos instrumentos, más los manejos del orden público y la economía, entre los más relevantes, organizan el sistema urbano en el actual contexto de dominio del capital financiero globalizado. Tales son en síntesis las estrategias básicas del proyecto neoliberal para la ciudad: una transformación de los centros urbanos en plataforma de negocios, dejándoles a los pobres una urbanización sin ciudad.

La locomotora constructiva-destructiva del capitalismo ha echado abajo las construcciones tradicionales de las ciudades en casi todo el mundo. Enemigo de la ciudad, el capital no ha respetado el legado cultural y artístico que las anteriores generaciones crearon. También lo histórico sigue siendo sistemáticamente derribado, para que los bancos y las inmobiliarias tengan vía libre y se enriquezcan indefinidamente.

Decir ciudad neoliberal es ya un contrasentido. Lo que queda de ciudad hoy es la cultura, la convivencia y lo común que los ciudadanos han edificado y mantienen contra el asedio de los proyectos inmobiliarios. Los centros emblemáticos de ella son para el poder meros centros de decisiones, ajenos a proyecto alguno que recupere para las clases oprimidas el uso pleno de los bienes culturales, de los espacios públicos y de las infraestructuras más valiosas del espacio urbano.

EL DERECHO A LA CIUDAD

Dado el contenido excluyente de las políticas que el capital impone a la ciudad, y dado el concepto extraviado que el sistema tiene sobre la misma, la consigna que realmente apunta al meollo de ese asunto es la del derecho de las clases sociales oprimidas a ocupar y a usar los patrimonios materiales e intangibles que constituyen lo urbano. Las clases dominantes han hecho los negocios. Pero han sido las subalternas las que han llenado de sentido el espacio urbano y lo han enriquecido con sus prácticas, sus resistencias y sus conflictos. El derecho a la ciudad implica el rechazo a la pretensión de ser tratados como simples habitantes alienados en la rutina productiva y la reproducción de la fuerza laboral. Es la resistencia al encierro que impone la urbanización sin ciudad, las torres de apartamentos-colmena recostadas a las laderas, las autoconstrucciones informales sin asistencia del estado, la esclavitud impuesta a los pobladores por el abuso de las hipotecas y los inquilinatos, y los controles que obstaculizan a los marginados el libre uso de bienes y amoblamientos. Es la lucha de los marginados por el derecho al uso y disfrute de los servicios públicos y demás bienes propios de la ciudad, como el transporte colectivo y la vida nocturna.

En tanto se trata de un proyecto libertario, un papel fundamental en esta lucha lo desempeñan aquellos sectores y fuerzas sociales que el capitalismo ha invisibilizado, como las mujeres, las minorías sexuales, raciales, y todos los que durante siglos han tenido que vivir bajo el anonimato. La relación entre ciudad y libertad viene del proyecto libertario que históricamente enarbolaron la ciudad antigua y la renacentista. Hace siglos las ciudades hacían libres a los hombres, pero el capitalismo la niega hoy a los ciudadanos del siglo XXI.

El derecho a la ciudad incluye desde luego las reivindicaciones a los servicios públicos, a los servicios sociales, a los bienes y a todos los intangibles que los pobladores urbanos requieren para llevar una vida digna. Pero es fundamental en este contexto, el de usar la ciudad desprivatizando su uso.

El proyecto urbano de las clases oprimidas por el capital consiste en apropiarse la ciudad, usarla en igualdad de condiciones y desarrollar la cultura urbana. Por lo tanto queda incluido el derecho a planificarla, a ordenar su territorio y a mantenerla como producto de la sociedad toda. Desde luego, reivindicar las dimensiones humanas y sociales de la ciudad implica disputarle a las élites los equipamientos que las hacen posibles: la democracia necesita la plaza, la educación necesita la escuela, el deporte los estadios y el arte reclama los museos y galerías. La planificación urbana deberá respetar los derechos de todos e idear soluciones óptimas para la convivencia, la diversidad y la complejidad que implica lo urbano, en oposición a un urbanismo que refuerza la segregación y la ostentación de las minorías citadinas.

Parte fundamental de la lucha anticapitalista de contexto urbano conlleva la construcción de bienes comunes por las clases marginadas. De hecho, la ciudad es un bien común en tanto obra colectiva, pero el asunto clave es el de la apropiación de ella. Los bienes comunes no siempre son el patrimonio público, como las calles o los parques; son tales cuando son apropiados por la gente, cuando los ciudadanos accedemos a ellos y les damos los usos que nos parezca. Bienes públicos simplemente son aquellos que el estado construye y mantiene, pero muchas veces en función de utilidades para terceros. Otras veces tales bienes son cercados, bloqueados, o sus controles policiales llegan al extremo de despojar al ciudadano de su privacidad y libre albedrío. El patrimonio público es necesario, pero también la acción política de los sectores sociales orientada a convertirlos en bienes comunes urbanos.

El derecho a la ciudad tendrá que ser entonces, un proyecto de poder que cotidianamente se juegue en la gestión urbanística, frente a la política territorial del estado, en los asuntos del orden público, la economía y la cultura. No consiste en una confrontación parcial o sectorial o la suma de ellas, sino una articulación de los movimientos sociales urbanos con voluntad autonómica, que en su desarrollo puedan arrebatar al poder establecido pequeños y grandes triunfos en la perspectiva de una democracia anticapitalista que traslade la toma de decisiones sobre lo urbano a quienes históricamente han construido la ciudad: a los sectores populares.

CIUDAD LATINOAMERICANA Los orígenes de las ciudades en Latinoamérica se inscriben en el contexto de la conquista española. Fueron al mismo tiempo fuertes militares, centros administrativos y residencia de los poderosos desde donde organizaban las "entradas" a lejanas periferias para el saqueo y sometimiento de aborígenes. Durante las épocas de la colonia y la república, los centros urbanos fueron territorio de un intenso mestizaje racial y cultural que multiplicó las resistencias a la sociedad dominante. Las poblaciones originarias supervivientes a la catástrofe demográfica siempre se resistieron a la segregación y algunos grupos de ellas lograron penetrar los cascos urbanos, imprimiéndoles a las ciudades latinoamericanas unas complejidades de diversidad cultural que son únicas en el mundo. En América Latina los índices de urbanización crecen aceleradamente. La estructura general de la ciudad latinoamericana contiene originalmente el principio colonial de un centro representativo que centraliza las instituciones públicas, religiosas y financieras, creando luego a su alrededor anillos comerciales y residenciales cada vez más elementales, dando lugar a una periferia degradada, indeterminada y pobre, donde se amontonan los excluidos del poder y la riqueza. Esta estructura básicamente se mantiene, pero desde la modernidad ha ido incorporando amplias regiones a la dependencia social y económica con unos centros urbanos expandidos que funcionan como plataformas de negocios y venta de servicios. Las relaciones centro-periferia se han modificado hacia la regulación de la dependencia regional, ya no de varios centros urbanos, sino generalmente de un polo que atrae los excedentes de economías a menor escala y subordina a las comunidades que los integran.

La ciudad latinoamericana actual funciona bajo el parámetro del extractivismo. Subordina a la periferia y se alimenta de ella; la institucionalidad está diseñada para garantizar los inmensos flujos de energía y recursos naturales que sostienen a centros urbanos superpoblados y no pocas veces depredadores del medio ambiente, atrapados en estilos de vida consumistas y nubes de dióxido de carbono, donde continúa creciendo la motorización individual y las construcciones agresivas con la naturaleza. Nuestras ciudades han recibido todo el peso de las políticas territoriales neoliberales, siendo sometidas a duros procesos de privatización de los patrimonios públicos, en buena hora enfrentados también por los movimientos sociales en muchas de ellas. Es evidente que los procesos de rebelión contra el neoliberalismo que recorren el subcontinente, están impactando la vida urbana al despertar la lucha de sectores marginados en las periferias que se lanzan sobre los centros de las ciudades antes vedados, para manifestarse y apropiarse de las calles y las plazas. Esas rebeliones han sido también urbanas en la medida que sus estallidos están propiciando cultura política y nuevas relaciones de apropiación de tales espacios céntricos.

CIUDAD COLOMBIANA

La ciudad colombiana comparte la crisis que la ciudad neoliberal latinoamericana y alberga conflictos similares, mas tiene particularidades que provienen de la historia nacional y regional nuestras, su estructura socioeconómica y su régimen político. El estado colombiano ha sido desde hace un siglo, decididamente urbanizador. La planeación nacional desde mediados del siglo XX enfocó sus prioridades en la construcción de vivienda, obras públicas e infraestructuras urbanas que por décadas han estimulado el crecimiento desbordado de sus centros urbanos. Esta política territorial es complementaria con la ausencia de estímulo para la agricultura, la conservación de una estructura de propiedad altamente concentrada e inequitativa en el campo y la imposición más reciente de un modelo exportador agroindustrial y de minería extractivista, basado fundamentalmente en la expropiación, desplazamiento y explotación agresiva del campesinado.

Así, la política urbana y la política agraria del estado, son las dos caras de la misma moneda, se condicionan mutuamente y su versión actual es el plan de desarrollo "Prosperidad para todos. 2010-2014", del presidente Juan Manuel Santos. Ese proyecto no ha permitido a ningún gobierno ni pacificar el campo ni organizar la vida urbana, a pesar de los esfuerzos que sectores de la burguesía adelantaron con López Pumarejo en 1936 y Lleras Restrepo en 1968, esfuerzos que en cada situación sucumbieron ante el ímpetu del sector latifundista de la oligarquía, fuertemente representado en las instituciones.

En el campo, la combinación entre desgobierno y represión ha costado un conflicto armado de 60 años que hoy está en negociación, mientras en las ciudades, el orden precario se ha podido mantener con trazas de asistencialismo, un débil aparato de bienestar ya desmantelado, represión selectiva y un aparataje ideológico eficiente y bien alineado con los intereses oligárquicos. Pero el conflicto y sus formas violentas no han estado confinadas al espacio rural; este ha permeado también los poblados grandes y pequeños, y hasta las ciudades metropolitanas reciben sus coletazos a través de atentados individuales y saboteos a infraestructuras y servicios. Tratándose de una guerra irregular, las armas hacen presencia en los más inesperados espacios y momentos de la vida social; es notoria la manera como afectan la cotidianidad a través del control territorial de bandas que practican la extorsión y otros delitos que están produciendo no solo muertes sino también desplazamiento forzado intraurbano.

La migración campo-ciudad en Colombia es pues, inducida por la planeación del desarrollo, las macropolíticas públicas y las diferentes violencias que desplazan población del campo a los pequeños poblados, de los pequeños a los grandes y de estos a las urbes, siempre buscando la protección y los servicios que por lo menos en el imaginario colectivo, se encuentran en las grandes capitales. Esta migración, que tiene el carácter general de forzosa, se asienta en los límites o más allá de los perímetros urbanos y plantean a las administraciones locales demandas que no satisfacen; es decir, el estado induce la sobrepoblación urbana pero no la atiende, no le garantiza sus derechos humanos y en esa medida genera otras problemáticas adicionales como el hacinamiento, la delincuencia y el deterioro ambiental que agravan las carencias ya propias de las ciudades nuestras. Con razón alguien dijo que en Colombia el problema urbano es un problema rural, para indicar que eran necesarias profundas transformaciones en el campo si se buscaba ordenar la vida en las ciudades.

A las características caóticas propias de la ciudad neoliberal, en Colombia suman las particularidades provenientes de sus macropolíticas dominantes, un conflicto armado legendario que trascendió la guerra fría y las consecuencias económicas, culturales y políticas del surgimiento en la escena nacional en las décadas pasadas de un poderoso sector de clase proveniente de economías ilícitas que ha permeado a los demás y, ha incidido fuertemente en los desórdenes económicos, urbanísticos y culturales de las ciudades colombianas. Denominado "narcotráfico", se ha ligado a todas las modalidades delincuenciales, ha penetrado las instituciones públicas y muchos de sus recursos se invierten en el sector inmobiliario y la contratación con el estado.

Desde la década de los ochentas, ante un auge de los movimientos sociales por mejores servicios públicos y otras reivindicaciones territoriales, se implementó un proceso de descentralización política, administrativa y fiscal que buscó darle mayor protagonismo a las comunidades locales en la toma de las decisiones que directamente las afectan, proceso que fue complementado con disposiciones sobre democracia participativa que definió la Constitución de 1991. Pero las derechas lograron vaciar de contenido democrático la prometedora descentralización colombiana y la acomodaron a sus propias concepciones de estado mínimo y privatización de los patrimonios públicos, mientras la participación de los pobladores en la toma de sus decisiones quedó mediada por el clientelismo y la coacción de los grupos armados que actúan en casi todo el territorio. Los procesos de descentralización que se aplican hoy a las ciudades y regiones del país, funcionan más como piezas del proyecto neoliberal que como posibilidades reales de vida urbana democrática; han significado flexibilidad y garantías para los grandes negocios pero rigidez y reducción de espacio para la expresión espontánea de las comunidades locales. Es a nombre de esa descentralización que se delega a pequeños grupos barriales o comunales la gestión de migajas de presupuesto y problemas de poca trascendencia, mientras las élites gubernamentales y empresariales se reservan las grandes decisiones sobre las ciudades y las regiones que las circundan.

El mayor porcentaje de los pobladores pobres de las ciudades colombianas son migrantes forzosos que no han tenido alternativa distinta a refugiarse en las capitales para preservar sus vidas. De este grupo, unos son desplazados por la violencia, principalmente de las áreas rurales de sus entornos mediatos, y otros, la mayoría, son desplazados por las penurias propias de la vida campesina, por el hambre, las enfermedades, la carencia de tierra, la incomunicación y los desfavorables precios agrícolas. Así, las grandes masas de habitantes urbanos periféricos están integradas por desarraigados rurales que tampoco encuentran aquí la dignidad que buscan; son expulsados del campo y excluídos de la ciudad.

En Colombia las ciudades han sido también territorios de resistencias. Ellas han sido construidas en gran parte por el esfuerzo individual y familiar de pobladores que han levantado barrios y zonas enteras que mejoran permanentemente a costa de sus presupuestos y su fuerza laboral. Desde allí se desatan procesos de organización para exigir al estado dotaciones de servicios y vías de comunicación que sin embargo, otras veces aprovechan los gobiernos locales para "normalizar" la urbanización, es decir, incorporar a los pobladores como clientes que en adelante pagarán impuestos y tarifas por los servicios que obtengan. Otro aspecto de las resistencias se hace visible en los centros cívico-comerciales y en sus áreas exclusivas, cuando los pobres o grupos de minorías, venciendo resistencias o afrontándolas, se apropian de sitios o lugares vedados, o controlados, o donde su presencia es mal vista. Particularmente notoria es entre nosotros la presencia incontrolable del comercio informal en el corazón mismo de las urbes a pesar de la persecución policial.

Otro grupo de resistencias más conscientes, ocurren a través de organizaciones populares barriales o comunales, que enarbolan reivindicaciones diversas, unas veces transitorias como el rechazo a obras públicas inconsultas o agresivas social y ambientalmente, y otras, más permanentes, de base juvenil, orientadas a la convivencia, la cultura, el arte y la lúdica. Pero quizá la resistencia más radical es la de los llamados "barrios de invasión", una resistencia frecuentemente organizada por los propios pobladores y que ha triunfado pese a la represión abierta o encubierta. La llamada urbanización "pirata" que se inicia con una toma, continúa con un "loteo" y luego con la autoconstrucción, es una de las líneas dominantes de la urbanización en Colombia, conflictiva y alternativa a la inacción del estado en materia de construcción de vivienda.

Por regla general, las resistencias urbanas en Colombia son sectoriales y fragmentadas, sus articulaciones tienen poco alcance, y carecen por lo tanto de un proyecto integrador que en su forma y en su contenido pueda llamarse programa o proyecto urbano alternativo. Las organizaciones políticas antisistémicas, provistas de estrategias alejadas de los cambios que ha experimentado el capital en el actual mundo globalizado, miopes ante las transformaciones que vienen produciéndose en la base social explotada, no han podido desprenderse de las visiones rígidamente centralizadas, se les escapan las particularidades de las regiones, los sectores y las localidades; por lo tanto no dan respuesta estratégica al contexto urbano de las luchas políticas en Colombia. En las condiciones actuales de urbanización acelerada del país, bajo un sistema neoliberal rapaz y permeado por todas las modalidades de violencia, es urgente levantar un movimiento políticamente visionario que se oponga al desastre propuesto por el capital financiero e inmobiliario; un proyecto urbano de inclusión y participación plena de los oprimidos en la toma de decisiones a través de una reforma urbana democrática, es una de las tareas cruciales del momento. El proyecto general consiste en el empoderamiento de los marginados para asumir la toma de las grandes decisiones de la vida urbana, es la conquista del derecho a la ciudad.

Medellín, 6 de abril de 2014.

SALOMON LERNER Y LA LEY UNIVERSITARIA

SALOMON LERNER FEBRES

La necesaria ley universitaria

Domingo, 20 de abril de 2014 | 4:30 am

Nuestro sistema de educación superior se encuentra en un estado de postración innegable. Hablamos de una decadencia que comenzó hacia la década de 1960 en el ámbito de las universidades públicas mediante su masificación no planificada, su empobrecimiento, su politización y la consiguiente ruina de su calidad académica. Esto no quiere decir, por otro lado, que en décadas anteriores la educación pública superior se hallara en un estado ideal, pues si bien las universidades eran más solventes, la gran mayoría de jóvenes peruanos estaban excluidos del acceso a ellas.

A la debacle de la universidad pública se sumó en los años recientes la desnaturalización de la noción misma de universidad en el ámbito privado. Las leyes expedidas en los años noventa para favorecer la inversión privada permitiendo el principio de lucro como motivación central de un emprendimiento universitario han dado lugar a simulacros de universidades carentes de todo compromiso serio con la educación y la formación de seres humanos integrales y desprovistas de los servicios básicos que una universidad debe brindar.

En esas circunstancias, es evidente la importancia de la nueva ley universitaria aprobada por la comisión de educación del Congreso y pendiente de aprobación plenaria. Como toda ley, esta es perfectible, pero tiene el valor de afrontar problemas centrales de nuestro sistema, como, por ejemplo, la inexistencia de un ente coordinador o rector que sea solvente, de calidad técnica y acorde con una concepción acertada del quehacer universitario.

No sorprende, pero sí preocupa la oposición que desde varios frentes –principalmente el gremial, de la Asamblea Nacional de Rectores, y el empresarial– se viene ejerciendo contra esta propuesta. Si la ANR se opone en defensa de fueros que, en verdad, no se ven amenazados por el proyecto, el sector empresarial aboga por un modelo universitario –la universidad-empresa— que se pretende necesario para el desarrollo del país, cuando lo que realmente necesitamos es recuperar el espíritu mismo de la institución universitaria que no tiene como fin supremo el lucro.

Una respuesta espuria a nuestras necesidades de desarrollo, instalada desde hace dos décadas, ha sido que la universidad debe enfocarse más en la empleabilidad inmediata de sus egresados y menos en su formación básica, especialmente la formación humanística. La idea es que los estudiantes desde muy temprano se deben adentrar en el manejo de sus carreras sin perder el tiempo en materias ajenas, (aparentemente), a ellas.

Este diagnóstico incurre en un errado pragmatismo. Soslaya la observación de que el mundo laboral actual es mucho más cambiante que nunca. En un ambiente globalizado, el profesional contemporáneo tiene que enfrentarse diariamente a la incertidumbre: si algo sabemos sobre el futuro es que es cada vez más impredecible. No solamente ignoramos la tecnología que se utilizará el próximo año. Tampoco sabemos con qué tipo de personas y en qué lenguajes tendremos que dialogar, negociar o comunicarnos.

Una persona meramente apta para el uso de las técnicas actuales es la menos pertinente para este entorno cambiante. Más que nunca, el universitario debe ser una persona preparada para el futuro, un profesional no solamente provisto de herramientas sino también y sobre todo capaz de adaptarlas o crearlas. En esta situación la formación básica es la que corresponde mejor a nuestros tiempos. Porque ella permite el constante desarrollo de la creatividad y el manejo provechoso de la incertidumbre.

La especialización temprana, sin el conocimiento de los aspectos básicos de la ciencia es una limitación a la cual condenamos a los jóvenes que no podrán competir en un mundo laboral que requiere mayor capacidad para interpretar el cambio y así actuar en él.

Responder a las grandes necesidades de nuestra sociedad requiere reorientar el sistema universitario hacia una concepción más integral y académicamente exigente de los estudios superiores. Para lograrlo, se precisa cambiar el marco institucional en el que estos operan y crear las reglas y condiciones para que las universidades se sientan llamadas a cumplir con estándares de calidad aceptables: la acreditación obligatoria es, en ese sentido, un elemento valioso de la ley que se proyecta.

No es con cambios accesorios ni manteniendo el statu quo actual como se dejará atrás la decadencia de nuestras universidades. Se necesita dar una señal de cambio ya y romper con una inercia que defrauda diariamente las esperanzas de cientos de miles de jóvenes peruanos.

El Perú y la vida universitaria

Domingo, 27 de abril de 2014 | 4:30 am

En nuestra columna de la semana pasada señalamos dos males que perjudican severamente a la universidad peruana. Por un lado, el desamparo que padece la universidad pública, empobrecida y politizada. Por el otro, la grave distorsión del carácter de la institución universitaria a partir del Decreto Legislativo 882, que permite que el lucro constituya el objetivo central de la educación universitaria privada. La “universidad – empresa” invisibiliza algunas dimensiones importantes de la vida universitaria, como la investigación y la formación cívica, pues la calidad de la educación superior se ve severamente afectada y la misión social de la universidad desaparece como tal.

El objetivo fundamental de la universidad es la creación y difusión del conocimiento. Y ello se entiende tanto para el conocimiento aplicado en el ámbito de la empresa, la industria y la tecnología cuanto para el saber dirigido sustancialmente al incremento de la libertad y el ejercicio del pensamiento crítico. La Filosofía, la Física pura y la Literatura, entre otras, son disciplinas que se proponen abrir horizontes para la mente humana, y son por tanto materias necesarias pues a pesar de que ellas no sean una fuente inmediata de crecimiento económico, sí son elementos importantes dentro de una comprensión rica del “Desarrollo Humano”.

Ese desarrollo –en fidelidad con la naturaleza misma de la universidad- exige que se abra un amplio camino a la investigación en los centros de formación superior. La investigación es un elemento que distingue al quehacer universitario, y sin embargo es una dimensión quasi inexistente entre nuestras casas de estudio, hecho que nos debiera conducir a reflexionar acerca de la legitimidad ética de instituciones que en el país llevan el nombre de Universidades y ofrecen títulos profesionales e incluso pos-grados –maestrías y doctorados-, sin que en ellas haya, siquiera, labores elementales de investigación por parte de alumnos y docentes.

Asimismo, la universidad pretende formar seres humanos plenos y ciudadanos que promuevan la democracia en nuestras sociedades. En tal sentido parte de su misión es el proponerse pensar y debatir los problemas centrales del país discutiendo sus posibles soluciones. El debate sobre las condiciones de la identidad nacional en un contexto multicultural y el diálogo sobre la generación eficaz de políticas de desarrollo y justicia en el país deben encontrar en la universidad el espacio más natural y adecuado constituyendo la universidad uno de los lugares de la sociedad en los que se ejercita la autorreflexión y el discernimiento en torno a lo que es bueno y correcto para la vida pública, en ella deben suscitarse discusiones intelectuales y políticas que tendrían que conducir a cambios importantes en la sociedad.

Así pues parte de su labor debiera consistir en examinar las ideas y programas que orientan a la sociedad en su conjunto para dilucidar su consistencia y evaluar qué tipo de ser humano y de ciudadano podrían generarse desde tales valoraciones. Si la institución universitaria sólo se concentra en la capacitación profesional –educar profesionales para insertarlos en el mercado–, ella estaría abjurando de una de sus funciones básicas: pensar la sociedad, sus estructuras, y las condiciones de las personas que actúan en ellas.

Una nueva ley universitaria –hechos los cambios y ajustes en su formulación que el buen juicio aconseja– permitirá dar un paso significativo en la tarea de devolver la universidad al lugar que le corresponde como institución creadora de conocimiento científico, y como foro de discusión en torno al fortalecimiento de una cultura democrática en el país. Elemento que ayudaría en tal sentido sería una instancia pública, constituida en un marco de pluralidad y excelencia, que preste atención a los estándares de calidad académica de los centros de educación superior, y examine las formas de proyección hacia la comunidad que éstos se trazan. La calidad de la educación universitaria constituye un elemento decisivo en cualquier proyecto sensato de desarrollo nacional. Sin el cuidado atento y riguroso de la ciencia y de la civilidad, tales proyectos permanecerán en el plano etéreo de los sueños y los buenos deseos.

ESTADO, CORRUPCION, DELINCUENCIA

Juan de la Puente

La Mitadmasuno

Áncash es el Perú

Viernes, 11 de abril de 2014 

LA REPUBLICA

La corrupción en Áncash está siendo tomada como un grave problema de Estado y las primeras preocupaciones son judiciales. En procesión, los organismos que habían volteado la mirada a la corrupción realizaron una audiencia y anuncian el descongelamiento de los procesos contra la cúpula regional. No obstante, se piensa en Áncash como una excepción y no como una regla, como un fenómeno y no como una tendencia.

Áncash es el Perú, solo que allí las mafias provocaron un estallido; es la avanzada de un orden de cosas que se forma en relación con los procesos de modernización, descentralización y crecimiento económico, y cuyo origen no es, exclusivamente, la falta de institucionalidad y de control. Lo que a simple vista luce como un asunto de reglas es un problema de organizaciones y de actores.

José María Arguedas decía de Chimbote que era la ciudad que menos entendía, pero que más lo entusiasmaba. Hace ya medio siglo describía en El zorro de arriba y el zorro de abajo a las mafias de ese puerto como la expresión de una ideología informal, una suerte de modernización a patadas hundida firmemente en brechas y desencuentros sociales y culturales que no han hecho más que recrearse desde entonces.

Sobre estas y otras bases se construye una sociedad que se asume y comporta como un espacio de tensión sin reglas, so pretexto de su heterogeneidad y donde la crisis de organizaciones y liderazgos es recurrente y en progreso. Áncash fue escenario de una competencia de partidos políticos hasta entrados los años noventa, con predominio del Apra, Acción Popular y la izquierda. No obstante, como sucedió con buena parte del país, fue conquistado por la antipolítica; desde 1995, Huaraz y Chimbote eligen alcaldes independientes, salvo un período en este último caso, y Casma, otra provincia violenta, ha tenido cinco alcaldes desde 2007, uno de ellos revocado y otro asesinado.

La política ancashina fue asaltada por políticos de ocasión que han creado sus propias franquicias regionales para efectos internos y que se relacionan exitosamente con las franquicias partidarias nacionales para efectos de una representación parlamentaria. Esa política antipolítica ha llegado a su límite; el proceso operado en Áncash, también experimentado en otras regiones, de sustitución de los liderazgos partidarios nacionales por elites locales se ha agotado; el predominio de los nuevos “valores”, el robo, la coima, la amenaza, la difamación, la compra de periodistas y jueces, el cambio de bando, y la muerte, esconde la falta de un proyecto local y una mortal precariedad de la oferta política.

Los datos del sistema político ancashino indican ese agotamiento. En las elecciones del 2010 se presentaron en el Santa (Chimbote) 22 candidatos y en Huaraz 16, las provincias con las más altas tasas de competitividad electoral del país. A tono con esa tendencia, en las elecciones regionales del 2002 se presentaron 8 listas, 13 el año 2006 y 19 el año 2010. Asimismo, en las tres elecciones, Áncash fue la región donde las listas tuvieron un apoyo electoral menos uniforme, es decir, un bajo indicador de distribución (PSNS) según la metodología del Jurado Nacional de Elecciones.

En el contexto de mayor fragmentación, más competitividad y menos distribución homogénea del voto se entiende que las guerras políticas se zanjen con el apoyo de sicarios. No en vano la región ostenta otros dos indicadores relevantes: en el periodo 2007-2010, el 10% de las autoridades distritales fueron vacadas y en las elecciones del 2010 se anularon las elecciones en 11 distritos, un récord histórico que no lo consiguieron los paros armados de Sendero Luminoso en los años ochenta.

Al debatir las soluciones para esa región es preciso reconocer que estamos ante una sociedad con una acelerada fragmentación, donde la política es ilegítima y las representaciones políticas son casi simbólicas. En las elecciones generales del 2011 ninguna lista superó el 20% de los votos válidamente emitidos, mientras que los votos blancos y viciados sumaron la primera mayoría, el 26%, más del doble que el porcentaje nacional.

La sociedad de la náusea

Viernes, 18 de abril de 2014

La indignación de la opinión pública frente a la corrupción, la informalidad, la inseguridad ciudadana y el sangriento caos del transporte opera como la náusea de una sociedad débil que no puede impulsar a un Estado igualmente débil a acometer estas tareas. La crítica social y pública se queda en las arcadas y en la cólera. Somos el país del asombro y la ira donde ni los ciudadanos ni el Estado pueden enderezar los renglones torcidos.

Esta debilidad se asocia al Estado neoliberal que llega a su fin descosido por el lado que menos esperaba, es decir, la dificultad de los peruanos para ejercer su libertad personal sin seguridad personal, un tipo de libertad “antigua” en el orden jurídico que antecede a las libertades económicas, ellas también jaqueadas por la falta de regulación pero que las sorteamos cuando ingresamos por la puerta de la informalidad.

Tomando en cuenta los plazos históricos de la tesis de Alberto Vergara (Ciudadanos sin república. ¿Cómo sobrevivir en la jungla política peruana? (Lima, Planeta, 2013), la promesa neoliberal habría llegado a su límite programático y lo que asoma es un épica pugna por re/construir la república y en ese camino va siendo evidente que el encuentro entre ambas promesas, la neoliberal y la república, no será posible por lo que los abogados llamamos la sustracción de la materia.

La agónica promesa neoliberal no le puede ofrecer al Perú (Vergara dice que nunca lo prometió) seguridad, cumplimiento de las reglas de convivencia, regulación, honradez pública y formalidad/legalidad. No obstante, la política liberal y democrática tampoco puede hacerlo y no solo por falta de leyes o instituciones sino de actores y organizaciones. Si la autoridad del Estado alcanza hasta donde se escuchan los gritos de los funcionarios públicos, la fuerza de la sociedad solo llega a través de los medios y el frenesí de las redes sociales, frecuentemente el único mecanismo de movilización ciudadana autónoma del poder y de la prensa.

Este juego de debilidades condicionantes es crucial para la interacción entre lo público y lo privado. Por ejemplo, el delito vial tiene más de una década como fenómeno agudo con tasas que se desarrollan en espiral: el 2003 hubo 74 mil accidentes y 95 mil el año 2012, en tanto que los últimos 10 años han muerto en las pistas 36 mil personas. Sin embargo, a pesar de que los accidentes dejaron heridas el último año a 54 mil personas y muertas a 4,200, la demanda de la sociedad no ha encontrado mecanismos para promover cambios eficaces. Con la fuerza de la sociedad no pasa nada.

Esta carencia de fuerza se relaciona con varios elementos sobre los que al neoliberalismo también le cabe una responsabilidad, particularmente la desinstitucionalización de derechos, instituciones y reglas. Volviendo al caso del transporte público, el delito vial es el resultado de un modelo que solo es posible anulando las capacidades reguladoras estatales y sus elementos constitutivos como la sobreoferta del servicio, la eliminación de las revisiones técnicas, la habilitación de unidades pequeñas y frágiles, la liberación de rutas y la falta de derechos laborales de los conductores, entre otros. El neoliberalismo es también la hegemonía de lo informal y de lo no regulado.

En otras circunstancias las náuseas ciudadanas podrían generar reacciones reformistas en una parte del sistema político, especialmente en el programa y en la acción de los partidos y de los políticos. Sin embargo, para ciertos temas como los aquí señalados las instituciones se muestran vacías de contenido, particularmente los partidos, el Congreso y los cuerpos colectivos de gobierno. Por esa razón, en un contexto de arcadas sin vómito, lo más eficaz es la fuerza como mecanismo para recabar derechos o para hacerse escuchar.

Una sociedad débil y fragmentada, con movimientos sociales y partidos débiles es incapaz de influir en el Estado. Sin reforma política, ese monstruo que asusta a los políticos, los dramas cotidianos tendrán por mucho tiempo solo nuestra ira.

SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO

Cambio climático o cambio de mentalidad

Hedelberto López Blanch

Rebelión

18-04-2014

El lucro, las ambiciones de ciudadanos que dirigen compañías millonarias así como de gobiernos que pretenden mantener la hegemonía económica mundial estan llevando al planeta tierra hacia una debacle total.

Desastrosos terremotos en Japón, Haití, China, Chile, Indonesia, Pakistán; inundaciones en Bolivia, Colombia, Venezuela, Brasil, Australia, China, Vietnam, Bangladesh, Filipinas, Mali, Níger, Burkina Faso; enormes incendios en Rusia, América del Sur, Asia; desproporcionadas nevadas en Estados Unidos, México, Europa, elevación del nivel del mar y la casi segura desaparición de islas y grandes extensiones de tierra, son algunas de las consecuencias del cambio climático.

No por conocidas dejan de ser estremecedoras las conclusiones que el Grupo II del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas acaba de presentar en la ciudad japonesa de Yokohama bajo el título de ¿Cuáles son los impactos del cambio climático y cómo podemos gestionar los riesgos?

El Panel, considerado la red científica mas extensa del mundo dedicada al estudio de ese fenómeno aseguró que los cambios derivados del ascenso de las temperaturas en el planeta “ya son visibles en todos los continentes y en la mayor parte de los océanos”.

La temperatura media global se ha elevado 0,85 grados entre 1880 y 2012, un incremento que se ha acentuado en las últimas tres décadas. En septiembre pasado, el Panel del Grupo I de la ONU divulgó otro informe en la ciudad de Estocolmo donde resaltó que nunca antes la ciencia demostró de forma tan inequívoca que el calentamiento es una realidad y que la actividad humana es su mayor responsable. El informe mostrado en Yokohama y basado en miles de estudios efectuados en diferentes países, señala que muchas regiones del planeta experimentan con mayor frecuencia fenómenos de sequías, olas de calor, inundaciones, junto a profundos impactos sobre la salud humana, la extinción de especies, la degradación del hábitat y una menor productividad de las cosechas. Cuando ya la crisis alimentaria se ha hecho sentir en amplias zonas, el documento asegura que las cosechas descenderán alrededor de un 2 % por cada década y si la temperatura media sube un grado más, se afectarán las cosechas de trigo, maíz, sorgo en zonas tropicales y templadas, y se reducirá el crecimiento económico.

A la par, aumentarán los problemas sanitarios y enfermedades entre los humanos y el mundo animal, aparecerán nuevas bolsas de pobreza en las clases medio-altas y la brecha de las desigualdades se ampliará en los países ricos, mientras que en las naciones pobres, que no poseen capital para enfrentar esos problemas, la situación se volverá aún más caótica.
Pero como expuse al principio de este comentario, esta situación no es nada nueva. Muchos científicos, expertos y dignatarios del mundo, como Fidel Castro, han tratado de que el mundo tome conciencia de ese gran desastre que se cierne sobre la humanidad.

El líder de la Revolución cubana, desde los primeros años de la década de 1990 ha pronunciado discursos en eventos internacionales y escrito numerosos artículos alertando sobre lo que representa la desidia de las naciones ricas y de las transnacionales que constantemente agraden la naturaleza y el universo con la intención de acumular más capitales lo que va en detrimento de la gran mayoría de la población mundial.

La organización Ecologistas en Acción advirtió que los fracasos ante la falta de acuerdo en las Conferencias de Copenhague, Cancún y Durban, han condenado a millones de personas a la muerte, al hambre y a la destrucción y acusó a Estados Unidos, Japón y algunos países de la Unión Europea de ser los culpables.

El científico francés Yann Arthus-Bertrand expuso en un documental que como Groenlandia se calienta rápidamente, el agua dulce de todo un continente fluye hacia el agua salada de los océanos. Su superficie, explicó, contiene el 20 % de toda el agua dulce del planeta. Si se derrite, el nivel del mar va a subir cerca de siete metros.

La cubierta helada del Ártico se esta derritiendo por el calentamiento global y ha perdido 40 % de su espesor en 40 años. Su superficie podría desaparecer para el 2030.

Con la elevación del nivel de las aguas todo se vuelve inestable. Los arrecifes de coral son extremadamente sensibles al más mínimo cambio en la temperatura del agua.

Por eso Bikenibeu Paeniu, Primer Ministro de Tuvalu, uno de los archipiélagos del Pacífico con más riesgo de desaparecer por la subida de las aguas del océano, indicó que pese a que "los países del Pacífico y del Índico apenas contribuimos al calentamiento global, paradójicamente seremos los primeros en sufrir sus consecuencias".

Otro isleño, el Presidente de Nauru, Kinza Clodumar argumentó recientemente que “la franja donde vive mi gente esta dos metros sobre el nivel del mar. Estamos atrapados, un desierto a nuestra espalda y de frente, una terrorífica y creciente inundación de proporciones bíblicas”.
¿Por qué aumenta la temperatura? La progresiva acumulación en la atmósfera de los gases que emite el llamado Efecto Invernadero (gases de invernadero) provoca la elevación de la temperatura en la superficie terrestre, así como cambios en el clima y en los demás procesos que dependen de él.

El Efecto Invernadero en un fenómeno atmosférico natural que permite mantener la temperatura del planeta al retener parte de la energía del sol. El aumento de la concentración de dióxido de carbono debido al uso de combustibles fósiles, ha motivado la intensificación del fenómeno y el consecuente aumento de la temperatura global, derritiendo los hielos polares y elevando el nivel de los océanos.

La causa principal del crecimiento de los gases de invernadero (en gran medida por el dióxido de carbono) es la actividad humana: calefacción, industria, agricultura, transporte.
El informe del Panel de expertos de la ONU es directo al puntualizar: “un importante número de especies terrestres y de agua dulce estarán abocadas a crecientes amenazas durante y después del siglo XXI, en especial cuando concurran otros tipos de presiones como la modificación de los hábitat, la sobreexplotación de los recursos, la contaminación y las cada vez más abundantes especies invasivas”.

¿Se darán cuenta los ricos y los poderosos del daño que le estan ocasionando a la vida en el planeta? Esperemos que no sean sordos.