MAS SOBRE PULPIN: LEVISTKY y CAMPODONICO

¿La Descaviarización de la Protesta?

STEVE LEVITSKY

La República. Domingo, 04 de enero de 2015 | 4:30 am

Las olas de protesta pueden transformar a la política. En Venezuela, las movilizaciones iniciadas por el caracazo (1989) tumbaron al sistema puntofijista.  En Brasil, las protestas que hicieron caer a Fernando Collor inauguraron un periodo de gobierno más responsable y efectivo.   En Argentina, la movilización de 2001-2002 puso fin a la época menemista.  En Bolivia, las guerras del agua y del gas llevaron a Evo Morales a la presidencia, y en Chile, la protesta estudiantil de 2011 provocó un importante giro hacia la izquierda.

El Perú no ha experimentado una ola de protesta significativa desde hace una generación.  La crisis de los 80 desmovilizó a Lima. Los sectores populares –y ahora la nueva clase media– se despolitizaron.  Y como consecuencia, los movimientos de protesta se redujeron a un puñado de trabajadores movilizados por el CGTP, algunos militantes de izquierda, y mis amigos caviares.  

La despolitización de los sectores populares urbanos permitió la consolidación de un modelo económico ultra-ortodoxo y el surgimiento de una forma de gobernar ultra-tecnocrático.

¿Cambia este escenario con las protestas anti-‘Ley Pulpín’?  ¿Se viene una repolitización de los sectores populares limeños?

Las olas de protesta son casi siempre imprevisibles. Pero la repolitización de los sectores populares limeños enfrenta dos problemas: uno de voluntad y otra de capacidad.  En cuanto a la voluntad, aunque el sueño derechista de sectores populares convertidos en liberales no se ha realizado (según las encuestas, los peruanos no son más liberales que los bolivianos, brasileños o venezolanos), sus intereses ya no se alinean fácilmente con los grupos contestatarios tradicionales.  Como observa el politólogo Andy Baker, el comportamiento político del ciudadano común se basa tanto en su condición de consumidor como en la de trabajador.  Como consumidores, los sectores populares limeños experimentaron enormes avances en los últimos años: estabilidad de precios, acceso a más y mejores productos, y un gran aumento en sus ingresos.  Su capacidad de compra subió vertiginosamente.  Eso no los transformó en PPKausas, pero sí les dio algo que perder.  Por eso, aunque no estén muy contentos con el statu quo, muchos son reacios a participar en movimientos de protesta que –según temen– podrían amenazarlo.

El amplio rechazo a la “Ley Pulpín” muestra que los limeños no solo piensan como consumidores.  Los derechos laborales también les importan. Y muchos simpatizaron con las protestas del fin de año.  

Pero la repolitización de los sectores populares limeños también enfrenta un problema de acción colectiva.   Participar en un movimiento social requiere sacrificios que muchos ciudadanos no están dispuestos a hacer, sobre todo si dudan de la participación de los demás.    

La movilización popular es más fácil donde ya existen fuertes identidades y organizaciones colectivas (partidos, sindicatos, comunidades indígenas o religiosas). La movilización boliviana se basó en sindicatos, organizaciones cocaleras, y grupos indígenas.  En Lima, este nivel de organización existía hace 40 años (CGTP, partidos de izquierda, iglesia progresista), pero no hoy (la identidad partidaria más fuerte en el sector popular limeño hoy es el fujimorismo).  Sin organizaciones o identidades fuertes, los movimientos sociales son difíciles de construir.

Pero también hay condiciones que favorecen a la protesta.  Una es la ausencia de alternativas electorales.   Según una investigación de Andrei Roman, un estudiante de doctorado en Harvard, las protestas masivas surgen cuando los partidos dominantes se convergen y las alternativas electorales parecen desaparecer. En Venezuela, por ejemplo, mucha gente optó por la protesta en 1989 porque, ante la crisis económica, la convergencia entre AD y COPEI los dejó sin alternativas electorales.  Ocurrió algo parecido en Bolivia, donde dos partidos de origen izquierdista, el MNR y el MIR, se adhirieron al modelo neoliberal.  En Argentina, la derechización de la Alianza contribuyó a la protesta que derrocó a De la Rúa, y en Chile, muchos estudiantes salieron a las calles en 2011 porque percibían  que los partidos de la Concertación –en su moderación– habían dejado de representarlos.

El electorado peruano tuvo claras alternativas en 2006 y 2011: candidatos serios representaban la izquierda (Humala), el centro (Paniagua, Toledo), y la derecha (Flores, PPK).  Pero los principales candidatos para 2016 se convergen en la derecha.  Ninguno inquieta al Grupo Comercio.  Los votantes radicales y paniaguistas –que llevaron a Humala a la presidencia en 2011– quedan como huérfanos, sin opciones electorales.  Todo puede cambiar, pero si no surge ni un candidato mal visto por el Grupo Comercio, habría terreno más fértil para la protesta.

En Lima hay bastante aversión a la protesta.  Se asocia con la violencia y el caos económico.  Pero la protesta es plenamente compatible con la democracia y el crecimiento económico.  Todas las democracias más ricas y exitosas (Alemania, Estados Unidos, Francia, Reino Unido) han pasado por olas de protesta. 

De hecho, la democracia sufre cuando los ciudadanos no se movilizan. Donde las instituciones democráticas son débiles, la protesta ciudadana puede funcionar como mecanismo para la rendición de cuentas.  Si los poderes legislativos y judiciales no los vigilan, los gobiernos se comportan mal.  No cumplen con sus programas.  No consultan. Y muchas veces, cometen abusos.  En un contexto así, la protesta es una de las pocas herramientas que tienen los ciudadanos para controlar al gobierno.

Los que más necesitan la protesta son los menos privilegiados.  El Estado responde más a los que tienen poder económico.  Cecilia Blume no tiene que salir a la calle (basta con un correo electrónico).  De hecho, las instituciones estatales que tratan con los grandes empresarios (MEF, BCR) funcionan mejor que las agencias que ofrecen servicios a la gente más vulnerable (MINSA, Educación). Como demuestra Eduardo Dargent, cuando el pobre rendimiento del Estado genera serios costos económicos (por ejemplo, cuando afecta la inversión o el crédito internacional), los gobiernos buscan mejorar su calidad. Cuando la baja calidad de los servicios públicos solo afecta a los pobres, hay menos incentivo para mejorarla.  En estos casos, la protesta –y los costos políticos que genera– pueden incentivar a los gobiernos no responsivos.

La movilización ciudadana contribuye a construcción de un Estado más equilibrado: uno que responde a las demandas de todos –y no solo a los correos electrónicos de Cecilia Blume.

Más pulpa para Pulpín

HUMBERTO CAMPODONICO

La República. Lunes, 05 de enero de 2015 | 4:30 am

Si bien hay elementos de fondo que indican de manera documentada y solvente que los problemas de la llamada “informalidad” tienen su raíz en la escasa base productiva y no en los llamados “sobrecostos laborales”, es también importante conocer la base estadística de los planteamientos que sustentan la Ley 30288, Ley Pulpín.
Al analizar la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO 2013) que publica el INEI (1), nos encontramos con el hecho siguiente: la mayor tasa de informalidad en el empleo de los jóvenes está en aquellos que están trabajando en las MYPES, o sea en las empresas que tienen de 2 a 10 trabajadores. Por tanto, la nueva ley debería ir dirigida a ellos.

Pero no es eso lo que sucede pues, en los hechos –y más allá de las supuestas buenas intenciones de Produce y al MEF–, lo que hace la ley es beneficiar más a las grandes empresas, aquellas que tienen 100 o más trabajadores. Veamos.
En el Perú los jóvenes de 18 a 24 años que son asalariados, públicos o privados, llegaron en el 2013 a 1.4 millones de personas. Si excluimos a aquellos que no están afiliados a alguna AFP o a la ONP (ergo, no tienen contrato formal), la cifra se reduce a 908,000 jóvenes. Estos son los que debieran beneficiarse de la Ley Pulpín.
De estos 908,000 jóvenes, hay 616,000 sin contrato y que están trabajando en las empresas de 2 a 10 trabajadores (las MYPES), o sea el 68% del total. ¿ A ellos les llega la Ley Pulpín? No. Ellos se rigen por la Ley de la Microempresa, que solo considera un 7% de “costos adicionales” al salario.

Como se sabe, la Ley Pulpín considera “sobrecostos” del 13.9%, ya que se eliminan las gratificaciones, la CTS y 15 días de vacaciones. Lo que esto quiere decir es que a la MYPE no le conviene la “Ley Pulpín” porque con el régimen MYPE paga mucho menos.

Sigamos. En las empresas de 11 a 100 trabajadores, la ENAHO nos dice que hay 204,000 jóvenes, el 22.5% del total de los que no tienen contrato. Y en las empresas de 100 a más trabajadores, suman 88,000 jóvenes los jóvenes que no tienen contrato, el 9.7% del total.

En estos dos casos, la Ley Pulpín sí es más atractiva para el empleador. Pero vamos por partes. En el caso de las empresas de 11 a 100 trabajadores rige otra ley, llamada la Ley de la Pequeña Empresa y aquí los derechos de los trabajadores (no hay que llamarlos “sobrecostos”), equivalen al 27% del salario, más o menos el doble de la Ley Pulpín (13.9%).

Para las empresas de 100 a más trabajadores, lo que rige es el Régimen General y aquí los derechos equivalen al 53% del salario. Aquí sí existe una ganancia grande del empresario, pues dejaría de pagar cerca del 40% (53-13.9).

No solo eso: las empresas de 100 y más trabajadores emplean un total de 304,000 jóvenes, de los cuales 216,000 tienen contrato (y tienen todos sus derechos) y, como ya vimos, 88,000 jóvenes no tienen contrato y  son informales.
En este caso, la informalidad debería tender a cero, si es que hubiera una efectiva fiscalización laboral, lo que le corresponde a la Sunafil. Pero es aquí donde hay problemas y se sabe que sus inspectores se van a la huelga por incumplimiento del convenio colectivo de las autoridades de trabajo. Así estamos.

Agreguemos que las empresas de 100 y más trabajadores, de un lado, son las que más se han beneficiado de esta década de crecimiento y, de otro, las que ahora se van a beneficiar de la reducción del 30 a 28% de la tasa del impuesto a la renta.
Otrosí: si bien se habla mucho de los “sobrecostos”, lo que no se menciona es que el salario mínimo en el Perú es de US$ 252 mensuales, uno de los más bajos de América Latina. En Colombia, Brasil, Chile y Ecuador es de US$ 271, 301, 371 y 354, respectivamente (datos de los Ministerios de Trabajo de esos países).
Lo que todo esto quiere decir es que en el Perú la legislación laboral está retaceada a gusto del empleador. A todas las diferentes leyes que hemos mencionado, falta la de los trabajadores del campo, que también retacea sus derechos.

La conclusión simple de estos datos es que el 68% de los jóvenes sin contrato que están en las MYPES, nada tienen que ver con la Ley Pulpín, pues la legislación de las MYPE es más beneficiosa para los empleadores. Y, también, que la Ley MYPE, que ya tiene varios años de vigencia, no ha logrado su objetivo “formalizador”, pues el 68% de los jóvenes que allí se emplea sigue sin contrato.

Por tanto, la salida de la informalidad no puede venir por los recortes de los derechos sino por el impulso a la mejora de la productividad (pero no la mejora espuria de reducción de ingresos) sino de nuevas oportunidades de inversión y de empleos, lo que implica abrirse a nuevos sectores productivos. Es lo que se llama diversificación. Pero no se oye, padre, porque estamos ante otra de las grietas del modelo: no produce trabajo digno.

(1) La encuesta llega a 31,190 viviendas y es la base estadística más confiable y técnicamente solvente. Verla en http://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/