La asignación especial, como ingreso adicional, que perciben profesores y trabajadores administrativos de la UNPRG viene concitando el interés y la controversia no solo, en la comunidad universitaria sino en la opinión pública en general. Aparece en el contexto de la investigación por delito de corrupción en la administración publica, que el ministerio publico, sigue a las autoridades de la universidad. Al respecto vale acotar algunas cuestiones:
Una. La asignación especial efectivamente es un ingreso adicional que se autodesignan profesores, autoridades y trabajadores administrativos en el marco de su autonomía siempre y cuando dispongan de ingresos autogenerados institucioanlmente. Existen, efectivamente, desde hace 25 años. Es decir desde que en nuestro país empezó a implementarse la economía de libre mercado mejor conocido en el lenguaje académico como neoliberalismo. No es remuneración. No es sueldo. No es tampoco remuneración o sueldo extraordinario por trabajo extraordinario. Es una asignación especial. Son los contrasentidos y paradojas del neoliberalismo parcializado hacia los intereses del "mercado".
Dos. La asignación especial tiene reconocimiento legal. Las leyes de presupuesto publico que se emiten todos los años así lo reconocen. También las universidades autónomas lo prescriben en sus normativas internas (estatutos). Y se encuentran supeditadas a la capacidad de generación de recursos económicos extraordinarios que han recibido el nombre primero de ingresos propios y luego recursos directamente recaudados. En este concepto caben, la producción extraordinaria de bienes y servicios que se comercializan y generan un beneficio o una ganancia. Beneficio o ganancia cuya orientación es a re invertir y capitalizar el patrimonio de la universidad. Esta prohibido el usufructo personal de dicho beneficio o ganancia. Esto supone la incorporación de la lógica de la ganancia: producir maximizando el precio y minimizando sus costos. Así un centro de producción de bienes materiales puede ser un fundo agrícola, un establo ganadero, un taller de mantenimiento o mecánico, una fabrica, una panadería, una farmacia. Pero también puede ser un centro de producción de servicios variopinto que van desde un laboratorio de análisis clínicos o de control de calidad de productos; de servicios asistenciales médicos; de asesoría, etc. O lo que se extendió con mayor profusión, servicios educativos como: estudios de postgrado "autofinanciados" o simplemente "mercantilizados", estudios de especialización o segunda especialización, estudios de idiomas, estudios continuos con los menos famosos diplomados. Incluso contamos aquí la preparación para los exámenes de admisión y la incursión en la educación básica y en la educación tecnológica. El extremismo de esta racionalidad se produce cuando se extiende al campo de las actividades ordinarias que desarrolla una universidad como es el caso de los estudios del pre grado, los cursos de titulación, las asesorías de tesis y la mercantilización de los trámites administrativos como ocurrió con las tasas educativas que se fueron "sincerando" y cuyos efectos han sido nefastos en la labor académica. Ahora se cobra por todo.
Tres. Las asignaciones se disponen contra la prestación de una actividad que no compromete la actividad ordinaria del docente y de la autoridad y del trabajador universitario. Es decir se realiza fuera de las ocho horas diarias que obliga la labor ordinaria. Por eso lo de los sábados y domingos y la labor intensiva en época de vacaciones. Esto implica una organización especial y también su control. Lo contrario terminaría por distorsionar la naturaleza de la universidad publica.
Cuatro. El tamaño de las asignaciones lo determina la racionalidad costo-beneficio. La labor que lo genera implica un costo y también un beneficio institucional. ¿Cómo determinarlos en una institución cuyo fundamento es el derecho a la educación gratuita?. ¿En una institución que tiene un componente alto de inversión publica?.
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