La ampliación del debate en los medios sobre el pre-dictamen de ley universitaria que ha empezado a aprobarse en la comisión de educación del congreso, revela la tremenda complejidad adquirida por parte de la realidad y problemática universitaria hoy en dia. Complejidad que estaría redundando en la idea de cuán difícil y dificultoso es legislar la complejidad. Atrapar una realidad multivariada en leyes que tienden a la simplificación corren el riesgo siempre de mutilarla y por lo tanto a inviabilizarla y en el mejor de los casos a tensionarla agudizando sus contradiciones.
Si los medios son poderes fácticos con bastante influencia no sólo en la formación de opinión pública sino también en el ejercicio del poder real, tendríamos que concluir que se estaría haciendo ya difícil legislar sobre la universidad en el Perú. Por que esto es lo que ha terminado por revelar que en los principales medios los conductores vengan concluyendo que no es tan fácil entender la problemática de las universidades y por lo tanto como que se necesita de un mayor esclarecimiento y debate.
Para poder comprender esta complejidad se puso de manifiesto en el fin de semana con la presencia en los medios de los rectores de las universidades empresa o "corporativas" con la asesoría de Antero Flores Araoz enfatizando en el carácter intervencionista de la Superintendencia Nacional de Universidades así como en su inconstitucionalidad. En ese sentido es sintomático el retiro de escena de los rectores de universidades públicas así como también de la ausencia del general (r) Daniel Mora Zevallos en el debate convocado por el diario La República.
Por otro lado los principales críticos de la Asamblea de Rectores así como del modelo actual de elección de las autoridades en las universidades y que reclamaban su cambio así como la necesidad de una nueva ley universitaria, bajan el volumen y la intensidad de su espíritu crítico al enfatizar algo así como SI de acuerdo pero NO en los términos como se viene planteando. Si a la Superintendencia pero no con la participación del Ministerio de Economía, ni del Ministerio de Educación y por supuesto mucho menos con la presencia de la Confiep. Si a la autonomía pero no a la ausencia de regulación.
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