Entrevista El exrector de la Pontificia Universidad Católica del Perú Salomón Lerner Febres afirmó que es necesario aprobar norma para convertirlas en un bien público. Apoya la creación de una superintendencia para que vigile el uso adecuado de recursos.
¿Es necesario dar una nueva ley
universitaria?
–Es urgente porque la ley vigente, el
decreto legislativo dado por el régimen fujimorista, nos ha conducido a una
situación deplorable. Por permitir la inversión privada en la educación existen
140 universidades, la mayoría de muy poca calidad educativa, en las que priman
el lucro, la renta y se ha acentuado una lucha por el poder.
¿Y hacia dónde debe apuntar la ley?
–La ley universitaria en el Perú debe
exigir que haya universidades de calidad comprobada, que otorguen una preparación
integral, que estén vinculadas con la realidad nacional y acentúen el aspecto
de la investigación.
Y en este aspecto, ¿la Asamblea
Nacional de Rectores (ANR) ha sumado o restado?
–En realidad no se ven frutos concretos
de su actividad, habiéndose limitado a resolver conflictos que se propiciaban
dentro de las propias universidades cuando se pelean para llegar al poder, allí
entra a tallar y forma comisiones reorganizadoras... creo que ha olvidado que
hay tareas que van más allá de mirar de modo disimulado los problemas.
¿Se deben replantear las funciones de
la ANR o debería desparecer?
–Debe quedar como un organismo de
coordinación entre rectores, pero sin tener algunas facultades que hoy posee y
que no cumple cabalmente. No puede seguir haciendo lo que le venga en gana,
abusando de su autonomía.
¿En qué ha fallado, qué facultades no
debería tener?
–La ANR no debe autorizar el
funcionamiento de universidades porque ha permitido la creación de varias de
muy escasa calidad, sin pedir exigencias mínimas respecto a plana docente,
estructura física y equipamiento. Se han visto casos de campus que funcionan
provisionalmente, los fines de semana, en hoteles; una vergüenza.
¿Está de acuerdo con la creación de una
superintendencia para mejorar la calidad de las universidades?
–Sí, porque la superintendencia será
una instancia que vigile el uso adecuado de los recursos que se otorgan a las
universidades. Eso no es ir contra la autonomía, eso se llama transparencia.
Además, debe establecer estándares mínimos y aceptables para que una
universidad se pueda llamar universidad en toda la extensión de la palabra.
Entonces, ¿respalda la propuesta que
discute la Comisión de Educación?
–No la conozco en detalle, pero los
grandes lineamientos son correctos: lograr que la educación universitaria sea
entendida como bien público y no como negocio. Ese debe ser el fin fundamental,
el punto de partida, y es bueno que el Congreso se aboque al tema de una vez
por todas y saque adelante la reforma.
Las protestas contra norma no se
justifican
¿Se justifican las marchas de protesta
contra la ley universitaria?
–No, pero si se explican porque la
nueva ley cambiaría un estado de cosas que vienen funcionando mal con el
consentimiento de muchos. Una universidad que merece llamarse universidad no
debería oponerse.
–Pero la ANR insiste en que la ley
lesiona la autonomía.
–Eso no es así, son críticas y reclamos
que pueden caber en una pancarta, eso no se sustenta.
–Un grupo de alumnos de la Universidad
Mayor de San Marcos también se ha plegado a las marchas.
–Abogaría por leer mejor el proyecto y
que los rectores que están en contra presenten, de modo razonable, sus
objeciones. La propuesta aún está en discusión y todos debemos participar.
¿Ve un apresuramiento en discutir la
ley?
–Llegó el momento de discutirla, de ver
los pro y contra, porque la situación no da para más. Las universidades no
están investigando ni planteando un perfil de estudiantes de calidad, no tienen
un rol social de liderazgo. Eso tiene que cambiar.
El otro lado
Fue rector de la PUCP por diez años,
desde 1994 hasta el 6 de julio de 2004, período en el que tuvo la
responsabilidad de presidir la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Su pasión es enseñar, pero también su
familia. Basta con ver su oficina, adornada con innumerables retratos de su
esposa, hijos y nietos.
Junto con otros exrectores ha creado el
Instituto de Estudios sobre la Universidad y desde hace tres años analizan la
problemática de la enseñanza en ese nivel.
Más propuestas
Usted, junto con otros exrectores, ha
presentado una propuesta alternativa. ¿En qué consiste?
–Hemos propuesto que las universidades
integren el Consejo Nacional de Universidades con autonomía presupuestal, legal
y funcional.
¿Y este organismo autónomo sería
encargado de calificar a las universidades?
–Sí, sería un organismo independiente y
compuesto por nueve miembros elegidos por el Presidente de la República sobre
una lista de candidatos propuestos por las academias más reconocidas, el
Consejo Nacional de Decanos y por las universidades públicas y privadas más
antiguas.
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